La Agencia Pública de Empleo del Sena seccional Risaralda ofrecerá, durante la microrrueda de empleo que realizará este lunes, 34 vacantes para médicos. Los empleos son para trabajar en la EPS SaludCoop y Coomeva.

Las personas que estén interesadas y quieran aplicar al empleo deben tener un año de experiencia y deberán asistir a las instalaciones de la entidad de enseñanza que están ubicadas en la carrera Octava con Calle 26, en Pereira.

Los aspirantes deberán llevar su respectiva hoja de vida y los soportes laborales y académicos.

La microrrueda de empleo es un espacio que abre la Agencia Pública de Empleo del Sena donde las empresas ofertan sus vacantes. Sin embargo, son directamente las empresas las encargadas de realizar la preselección, selección y posterior contratación de personal.

El Partido La U confirmó este martes uno de sus polémicos y más cuestionados avales con miras a las elecciones de octubre. Se trata de uno de los aspirantes ligado con redes de contratistas o que se han beneficiado del desfalco del erario, de acuerdo a la Fundación Paz y Reconciliación.

En Santander, el codirector de La U, el senador Roy Barreras Montealegre, inscribió a Holger Díaz, como candidato a la Gobernación de Santander.

Díaz fue investigado por el delito de concusión, por presuntamente haber recibido comisiones del Grupo Saludcoop para beneficiarlo con los trámites de reforma a la salud en el Congreso de la República.

En días pasados, Díaz se defendió y dijo a Vanguardia Liberal que la Procuraduría General de la Nación le archivó la investigación que llevaba en su contra por presuntamente haber incurrido en tráfico de influencias mientras fue congresista.

“La decisión de la Procuraduría fue de fondo y con esto queda en evidencia que ni siquiera existió una falta ética de mi parte. Siempre he actuado con honradez y de cara a los santandereanos”, aseguró.

Sin embargo, ante el Consejo de Estado sigue en marcha la demanda de pérdida de investidura contra el exrepresentante por presuntamente haber recibido comisiones de Saludcoop. 

La Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que la Contraloría General de la República no es la competente para investigar fiscalmente al Fiscal General. Esto al determinar que este tipo de procesos contra el jefe del ente investigador únicamente deben ser asumidos por la Comisión Acusación de la Cámara de Representantes.

Al fallar una tutela a favor del fiscal General, Eduardo Montralegre quien argumentaba que la entonces jefe deleite de control fiscal, Sandra Morelli Rico se había extralimitado en sus funciones al dar apertura a una investigación en su contra por las presuntas irregularidades que se presentaron cuando ejercía como asesor jurídico del Grupo SaludCoop. 

Preocupada se declaró la comunidad del municipio de Espinal (Tolima) por cuenta de una comunicación informal en la que se indica que los afiliados de Saludcoop en la población ya no recibirían atención en la Central de Urgencias a partir del próximo 24 de julio, por lo que ahora tendrían que trasladarse al hospital San Rafael.

Lo anterior, debido al cierre de la unidad, circunstancia que, de acuerdo con Sandra Ortiz Garzón, secretaria de Desarrollo Social municipal, aún no ha sido notificada ante la Alcaldía de Espinal.

“Nosotros como Administración tenemos que entrar a revisar la capacidad instalada que tiene el Hospital y cómo va a vender los servicios a los usuarios de Saludcoop. Pero como tal, públicamente no tenemos nada notificado”, sostuvo la funcionaria en diálogo con el diario El Nuevo Día.

Aunque Saludcoop no se ha pronunciado oficialmente, el hospital San Rafael confirmó que efectivamente está atendiendo a usuarios remitidos, considerando que ya fueron contratados los servicios de primer nivel.

En la unidad –que presta servicios de laboratorio clínico, hematología, microbiología, química, parasitología e inmunología– se atienden a pacientes no solo de los cascos urbano y rural de la población, sino del corregimiento Chicoral y de zonas cercanas como Guamo y Saldaña.

Se espera un pronunciamiento de la EPS en las próximas horas que disipe las informaciones que han circulado en la población.  

Ante el temor de que se interrumpiera la atención que reciben los afiliados de la EPS Saludcoop en la Central de Urgencias del municipio de Espinal (Tolima), la entidad este martes aclaró que no se suspenderán los servicios. (Lea: Hasta finales de julio funcionarían urgencias de Saludcoop en Espinal, Tolima)

De acuerdo con la EPS, en el centro de atención que está siendo contratado quedarán cubiertos los servicios y en caso de un eventual cierre, la entidad garantiza que oportunamente se informará a los usuarios sin que se presente interrupción de sus servicios.

Se espera que con la nueva atención se optimicen ciertos servicios, como la consulta con especialistas, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.

Recientemente, los usuarios de la EPS afirmaron haber recibido una comunicación informal en la que les indicaban que ya no recibirían atención en la Central de Urgencias a partir del próximo 24 de julio, por lo que ahora tendrían que trasladarse al hospital San Rafael.

Lo anterior, debido al cierre de la unidad, circunstancia que, de acuerdo con Sandra Ortiz Garzón, secretaria de Desarrollo Social municipal, aún no había sido notificada ante la Alcaldía de Espinal.

“Nosotros como Administración tenemos que entrar a revisar la capacidad instalada que tiene el Hospital y cómo va a vender los servicios a los usuarios de Saludcoop. Pero como tal, públicamente no tenemos nada notificado”, sostuvo la funcionaria en diálogo con el diario El Nuevo Día.

Aunque Saludcoop no se había pronunciado oficialmente, el hospital San Rafael confirmó que efectivamente estaba atendiendo a usuarios remitidos, considerando que ya fueron contratados los servicios de primer nivel. 

Fisioter, la empresa que realiza terapias físicas a los afiliados de SaludCoop en Duitama (Boyacá) dejó de prestar sus servicios ante la falta de pagos por parte de la EPS.

Hasta que SaludCoop no cancele parte de los salarios que le debe a los empleados de Fisioter, no se podrá normalizar las operaciones, así lo confirmó en diálogo con RCN la Radio, la subgerente de servicios de la empresa, Sandra Pulido.

Según Pulido, desde hace más de cuatro meses la EPS no realiza los pagos, situación que tiene en vilo a sus trabajadores y a los pacientes que no están recibiendo las terapias que necesitan.

Fisioter es la empresa encargada de prestar los servicios de terapia física y estar atento de la parte de la recuperación de cada paciente, incluso tiene atención con personal de enfermería para los afiliados dependientes que se encuentran en casa.

Este miércoles se conoció un nuevo caso de aparente negligencia médica por parte de la EPS Saludcoop. La Personería de Bogotá denunció que una mujer, madre de cuatro menores de edad, podría perder sus piernas porque la entidad prestadora de salud ha hecho caso omiso a tutelas con las que se busca una cirugía para evitar una posible amputación.

Juan Carlos Escobar Landazuri, esposo de Maribel Salamanca, de 35 años, quien sufrió un accidente de tránsito ha presentado derechos de petición y tutelas con la ayuda de la Personería de Bogotá, pero según el ente de control Saludcoop ha hecho caso omiso.

“Lo único que hizo fue trasladarla el pasado 10 de septiembre a la Clínica Ortohan para que le realizaran una valoración y posible cirugía plástica; sin embargo, en esta institución no realizan ningún tipo de cirugía”, explicó la Personería.

Mientras tanto, Maribel Salamanca, quien cayó de una moto y cuyas piernas fueron aplastadas por un bus escolar en la Avenida Ciudad de Cali, se debate entre el dolor incesante y el fuerte olor que emanan sus heridas.

Está a la espera de un cuarto lavado quirúrgico en el que le amputarían las piernas por “la negligencia de Saludcoop que no quiere autorizar la urgente cirugía plástica que requiere”, concluyó el ente de control. 

La Secretaría de Salud de Bogotá tomó la decisión de cerrar temporalmente la Clínica Materno Infantil de SaludCoop, ubicada en el norte de la capital de la República, al considerar que no cumple con todas las condiciones de seguridad, bioseguridad, dotación e infraestructura para la atención materna y perinatal.

Tras hacer una diligencia de verificación de la prestación de los servicios de urgencias de dicha clínica funcionarios de la Secretaría constataron que las falencias registradas afecta “directamente la oportunidad en la atención a los pacientes, teniendo en cuenta que la capacidad instalada no es suficiente para atender la demanda de usuarios de este servicio”.

Debido a esta medida no podrán ingresar nuevos pacientes al servicio de urgencias de la IPS, sin embargo las personas que actualmente se encuentran ahí seguirán siendo atendidas hasta que sean dados de alta por el personal médico.

“Frente a los nuevos pacientes que requieran del servicio de urgencias, la EPS SaludCoop se encargará de remitirlos a otra IPS con las que actualmente tiene convenio”. Esta medida preventiva se levantará hasta que se cumplan con todos los requisitos.

La Secretaría de Salud advierte “para el levantamiento de la medida de seguridad, la Clínica Materno Infantil de SaludCoop deberá subsanar cada uno de los hallazgos que originaron el cierre del servicio de urgencias, según lo establece la Resolución 2003 de 2014”.

Aclara que los servicios de hospitalización y demás habilitados por dicha Clínica “continúan funcionando, de acuerdo a su capacidad instalada”. 

Entre las mayores preocupaciones que tienen los colombianos cada vez que se les consulta, el sector salud ocupa un lugar preponderante. Precisamente por eso, en los días recientes han sido varios los debates entre los medios de comunicación y el ministro de Salud, Alejandro Gaviria. El Espectador quiso invitarlo a hablar sobre el panorama del sistema hoy en el país y el futuro de temas tan importantes como Caprecom, Saludcoop y la reglamentación de la producción de marihuana medicinal en el país.

Los colombianos hoy perciben que el sistema de salud no funciona. ¿Por qué?

El año entrante se van a cumplir 25 años de la Constitución de 1991 y vamos a hacer algunos balances sociales esenciales. Parece paradójico, pero lo que los datos muestran es que los logros más importantes del Estado social de derecho están en el sector salud.

¿Qué es lo que está pasando en el sistema de salud?

Por cinco o seis años, el sistema de salud gastó mucha más plata de la que tenía. Esa fue la causa fundamental de la emergencia social que declaró el expresidente Uribe a finales de 2009. De esa emergencia se consiguieron unos recursos adicionales, pero la crisis financiera no se resolvió plenamente.

¿De cuánto es el hueco presupuestal del sector salud?

La Superintendencia acaba de hacer un cálculo que evidencia que el hueco del sector está por los lados de los $5 billones.

¿Por qué se gastó más plata de la que se tenía en el sistema de salud?

Cuando la cobertura del régimen subsidiado comenzó a crecer, muchas veces se hizo con promesas de fuerza propia de los municipios, que no se cumplieron, pero lo más importante fue el crecimiento del no POS, el cual desbordó la capacidad financiera del sistema.

¿Qué porcentaje de ese hueco presupuestal corresponde a malos manejos?

Lo que pasó es que el no POS alineó los incentivos de todo el mundo: compañías farmacéuticas, hospitales, médicos, EPS. Tuvimos excesos en el sentido de que pagábamos cualquier medicamento a cualquier precio. Por todo ese exceso, Colombia se volvió por algún tiempo un paraíso para la industria farmacéutica. Esos $5 billones son el acumulado de todo eso, pero ahora viene la recuperación.

¿Cómo harán esa recuperación?

1. Reglas claras, porque esos $5 billones no van a venir del Estado, sino del sector privado, y si no tengo reglas claras y hay inseguridad jurídica nadie le va apostar a la recuperación. 2. Instrumentos de liquidez que nos permitan un alivio transitorio, sobre todo en los primeros años. 3. Confianza. 4. Tiempo.

¿Cuánto le va a costar al Estado la recuperación del sistema?

Muy poco, relativamente. Por ahora, el Estado va a invertir $100.000 millones a través del sector financiero. Vamos a decirles a los bancos que sean instrumentos de la recuperación. La idea es que la plata la presten los bancos y nosotros compensemos marginalmente la tasa de interés.

¿Cuáles son las empresas que hoy están quebradas?

No quisiera hablar de empresas quebradas. Hay un problema patrimonial y algunas están en proceso de recuperación, como Saludcoop, Caprecom y Coomeva.

Anunciada la liquidación de Caprecom, ¿cuándo y para dónde van sus afiliados?

Se va a distribuir entre las otras EPS. Ya tenemos el escenario listo de distribución y será este año.

Liquidar Caprecom es una derrota y debe existir una responsabilidad política. ¿De quién es?

Las EPS públicas no funcionaron. Las EPS transitorias que se crearon en la Ley 100 fueron un desastre. El ISS no funcionó, ni Calisalud, ni Selvasalud, etc. Hay varias lecciones que nos quedan del proceso de Caprecom.

¿Cuáles?

Primero, que entregarle a una empresa pública dineros para que los guarde y ahorre no funciona; la plata termina derrochándose. Y segundo, que a una entidad no se le pueden asignar todas las labores que el Estado no puede resolver. Hubo errores de varios gobiernos, además del manejo politiquero.

¿Cuánto perdió el Estado con la liquidación de Caprecom?

Es difícil saber cuánto, eso lo establecerán los liquidadores, pero las cifras que hoy tenemos muestran que son aproximadamente de 500.000 a un billón de pesos.

¿Ya está disponible esa plata para pagar las deudas?

Se requiere una autorización legal para que la Nación asuma esa deuda. Esa autorización va a ser parte de una ley que debe ser aprobada por el Congreso este año.

Cuando el Congreso apruebe, ¿de dónde va a salir el dinero?

De endeudamiento, de títulos del Tesoro; no está en el Presupuesto General de la Nación.

¿Por qué tenemos un sistema de salud que gasta más de lo que tiene?

Porque, entre otras cosas, tenemos el sistema de salud más judicializado del mundo, cubrimos a todo el mundo y tenemos una realidad sociológica compleja: muy baja disponibilidad de la gente a pagar por salud y expectativas crecientes de los afiliados.

¿Cuánto se va a demorar el proceso?

La ley estatuaria nos da dos años para hacerlo. Tenemos hasta febrero de 2017.

Hablemos de Saludcoop. ¿Se piensa liquidar?

Con Saludcoop es distinto, porque no estamos pensando que los afiliados se distribuyan sino que se transfieran a una EPS distinta.

¿Eso quiere decir que se piensa liquidar?

Yo creo que Saludcoop tiene que liquidarse, entre otras cosas, porque tiene encima un juicio fiscal que la hace absolutamente inviable.

¿Cómo lo harán?

Se le va a dar un tratamiento similar al de los bancos cooperativos que tuvieron dificultades en los años 90: se crea un nuevo vehículo, que creemos puede ser Cafesalud, y a este se le transfieren la totalidad de afiliados, y se dejan los pasivos y los activos en la empresa en liquidación.

¿Cafesalud es una EPS privada también?

Sí, pero tiene una ventaja: que es una sociedad anónima, lo que nos da flexibilidad. Saludcoop en liquidación sería la dueña de la EPS nueva, a la cual el Estado le inyectaría $200.000 millones.

Pero, cuando usted dice que Saludcoop en liquidación va a ser la dueña de esta nueva EPS, ¿quiénes van a ser los dueños?

En esencia sería el Estado.

Pero ¿no me acaba de decir que las EPS manejadas por el Estado son un fracaso?

Esto tiene que ser una situación transitoria. Ojalá la administre el menor tiempo posible para después poderla vender.

¿Qué va a pasar con el Hospital de la Universidad del Valle?

Ni el Ministerio ni nadie están pensando en una liquidación.

¿Por qué llegó el Hospital de la Universidad del Valle a esa situación?

Porque es un hospital con muchos problemas administrativos, ingobernable e históricamente ineficiente.

¿Quién es el directo responsable de ese hospital?

En el fondo, lo que tenemos es un problema del sector descentralizado territorial no muy distinto al de las electrificadoras o licoreras o loterías. Es parecido a lo que ha pasado con muchas loterías en el país.

¿Eso quiere decir que se debe a malos manejos de la Gobernación?

Yo no diría que sólo de la Gobernación. Hay indiferencia social, complacencia con el deterioro de lo público. Para que funcionen las instituciones públicas se necesita también que la ciudadanía esté involucrada.

Para terminar, ¿por qué ha venido peleándose con los medios?

No estaba peleando, lo que pasó es que estaba viendo noticias y me parece que no se presentaron de la manera que era. Acabar con la confianza pública, que es tan difícil de construir, editando un video para mostrar una historia que no es, no me parece justo. Yo no estaba defendiendo mi gestión, sino el sistema de salud. La presentación descontextualizada de problemas puntuales del sistema da una idea equivocada de lo que está pasando.

¿Va a existir alguna regulación sobre la marihuana medicinal?

Estamos trabajando en varios decretos. Uno de ellos es el que permitirá el cultivo de marihuana destinada a productos medicinales.

¿Cuándo quedaría lista la regulación?

En noviembre.

Tras conocerse que este miércoles el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en compañía del superintendente de Salud, Norman Muñoz, anunciarán la liquidación de la EPS Saludcoop, los usuarios expresaron su incertidumbre ante lo que pueda pasar con los tratamientos y procedimientos que adelantan. (Lea: Saludcoop EPS será liquidada).

La decisión de iniciar el proceso de liquidación se da luego de que se realizara un seguimiento a la EPS desde 2011 tras conocerse los malos manejos financieros que los dueños de Saludccop habían hecho por años y que los tiene en la mira de la Fiscalía.  (Lea: Así será la liquidación de Saludcoop).

No obstante, para evitar traumatismos durante el proceso que adelantará el Gobierno, se conoció que los 4’600.000 afiliados a Saludcoop serán trasladados a una nueva EPS: Cafesalud.

Por su parte, Stella Barrera, delegada de la Asociación de Usuarios de SaludCoop, expresó a Blu Radio la incertidumbre y expectativa que están viviendo los usuarios al no saber cuál será el futuro de la EPS, además pidió al Gobierno que se garanticen los servicios de salud a todos los pacientes, que desde hace unos meses se habían visto afectados luego de que se cerraran varios servicios. 

“Nos han dicho que es para mejorar la calidad, pero los usuarios son los que estamos afectados directamente”, indicó Barrera a Blu Radio, quien además señaló que puede “haber una crisis en esta transición” mientras se remiten a los pacientes a Cafesalud.

Ante la pregunta de si Cafesalud tiene la capacidad suficiente para recibir a los más de cuatro millones de usuarios de Saludcoop, el doctor Pedro Dávalos, de la Clínica Jorge Piñeros Corpas, aseguró a Blu Radio que se garantizará a los pacientes la prestación de servicios de salud mientras el Gobierno adelanta la liquidación.

“Se les está garantizando la atención a los usuarios, no hay ninguna dificultad. Con la EPS y la IPS se tienen los elementos que se requieren para esa atención”, señaló Dávalos.

Por el momento, los usuarios manifestaron la preocupación por la suerte que puedan correr durante esta transición, si se les garantizará los tratamientos que están recibiendo, especialmente los pacientes que están recibiendo tratamientos de alto costo.

Según el Gobierno, el proceso de liquidación empezará este miércoles y terminará el 30 de noviembre. La idea es que el primero de diciembre todos los usuarios estén en la base de datos de Cafesalud y continúen recibiendo con normalidad sus tratamientos, sus citas, sus medicamentos y cualquier otro procedimiento. Esos 4,6 millones de usuarios deberán permanecer por lo menos 90 días en Cafesalud y después de ese término quedarán libres para decidir si se quedan allí o piden su transferencia a la EPS que prefieran.

La liquidación ha sido planeada por el Ministerio desde hace más de un año y se ha estudiado de cerca cómo pasar los datos de los afiliados de una EPS a otra sin crear afectaciones en la prestación de los servicios.

Con esta decisión, el Ministerio de Salud busca cortarle la cabeza principal a un monstruo que es mucho más grande y mucho más complejo que la EPS que lleva su nombre y que adeuda $1,4 billones a los prestadores.

La liquidación de Saludcoop, luego de su descalabro financiero y casi cuatro años de intervención, sigue levantando ampolla. El pasado 26 de noviembre la Contraloría General sostuvo que “no es cierto que con la liquidación y el servicio que prestará la EPS que reemplazará a Saludcoop se resarcirá el daño patrimonial por $1,4 billones que se causó al Estado con la desviación de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.

A lo cual el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, respondió ayer que el argumento de la Contraloría era “absurdo”. Ahora se revela un dictamen pericial contratado por el Gobierno a solicitud del Tribunal de Cundinamarca, en virtud de un proceso administrativo. En este se señala que el desvío de recursos en Saludcoop entre 1998 y 2010 no fue de la magnitud denunciada por la Contraloría.

De acuerdo con el informe de 94 páginas, realizado por Crowe Horwath CO S.A., el desvío fue de $74.776 millones y no de $1,4 billones, que es la cifra que maneja la Contraloría.

Crowe Horwath tomó los mismos estados financieros y documentos que usó la Contraloría en 2011, para el fallo de responsabilidad fiscal que emitió ese año, debido a las irregularidades presentadas en el interior de la mayor EPS de Colombia. Pero llegó a una conclusión muy distinta: que el descalabro no fue de billones, sino de miles de millones de pesos.

Para Crowe Horwath, la cifra es clara: entre 1998 y 2010, Saludcoop generó recursos por $1, 29 billones, de los cuales $1,27 billones fueron usados en inversiones, propiedad, planta y equipo, y en acciones, quedando un subtotal de $20.844 millones.

El informe asegura que, “en cuanto a los gastos administrativos, se observó que de un total de $2,4 billones, tal como lo establece la CGR, la suma de $95.621 millones, no tienen relación de causalidad con el objeto social de la operación, ya que, según la propia estructura de los mismos, no son necesarios para la prestación del servicio de salud”.

Entonces, si al subtotal de $20.844 millones se le restan esos $95.000 millones mencionados por el informe, da un saldo negativo de $74.776 millones, es decir, la suma del desvío. En paralelo, la firma le hizo un minucioso estudio a la Contraloría para encontrar posibles errores en su cálculo del desvío de recursos por parte de Saludcoop y su conclusión fue que la entidad no tuvo en cuenta algunos rubros y que, en su criterio, se equivocó al considerar que algunos gastos administrativos e inversiones en propiedades, planta y equipo no podían considerarse gastos relacionados con la prestación del servicio de salud y, por ello, hacían parte del mencionado desvío.

“Lo que se puede observar es que la entidad se fortaleció con estas inversiones, pues generó mayor valor a la compañía”, sostuvo la firma, respecto a este fallo que fue confirmado en 2013. Y en el que esa entiad sotuvo vehemente que desde “1998 se iniciaron las prácticas que generan de manera continua e ininterrumpida, y bajo un mismo hilo conductor, el desvío a lo largo de los años de los recursos parafiscales”, un millonsario desangre, según esa entidad.

Hay versiones encontradas y el debate se encuentra abierto. La Contraloría se sostiene en que “mientras los recursos que fueron desviados y apropiados indebidamente no retornen efectivamente al Sistema, no se puede entender que hay resarcimiento”. El Gobierno, por su parte, avanza en la liquidación de la EPS. Y los pacientes en medio.

“La liquidación era una necesidad. No se trataba de un capricho del ministro. La estábamos esperando. Pero lo cierto es que detrás de todo hay muchos peros”.

Denis Silva es el representante de Pacientes Colombia, una organización conformada por 151 organizaciones de pacientes. Como dice, estuvo de acuerdo con ese proceso que el Gobierno viene prometiendo desde 2011, pero también cree que no era el momento precisa para hacerlo, que se pudo hacer mucho mejor y que hay puntos que debieron reconsiderarse. La posibilidad de que los usuarios puedan elegir la EPS de su preferencia antes de los 90 días que propuso el Ministerio de Salud es sólo uno de ellos.

“¿Por qué hacer la liquidación en diciembre?”, se pregunta Silva. “La Rama Judicial va a salir a vacaciones pronto y los pacientes mal atendidos no podrán acudir a los estrados a hacer sus reclamos. Debieron hacerla mucho antes”.

Para él, en este enredo hay varios puntos que no pueden pasar inadvertidos, como la distribución de medicamentos. Según dice, es un asunto que puede tambalear con las nuevas condiciones.

Con él concuerda Néstor Álvarez, vocero de Pacientes de Alto Costo. De acuerdo con su explicación, Saludcoop cuenta hoy con un proveedor de medicamentos (Epsifarma) que ha asumido las deudas con la industria farmacéutica. La idea, dice, es que entre un nuevo proveedor, pero eso complicaría todo porque todo indica que los precios van a ser más altos. “Y ahí, aunque sólo se hable de los hospitales, hay unas deudas enormes que tienen que ser solucionadas”.

Álvarez también está de acuerdo con la decisión de liquidar, pero a sus ojos no se hizo de manera correcta. Por un lado, dice, el capital debió haberse inyectado antes y no a partir de diciembre, cuando estará listo el traslado de usuarios de Saludcoop EPS a Cafesalud. “Y por otro, Cafesalud tiene serios problemas de liquidez y los proveedores de servicios son los mismos de Saludcoop. Sí, se hizo la liquidación, pero para los pacientes nada mejoró”.

Saludcoop es el ejemplo perfecto de cuando las irregularidades de proporciones gigantescas obligan al Estado a actuar en pleno. Esta semana el Gobierno anunció que la EPS será liquidada y que sus 4,6 millones de usuarios pasarán a ser atendidos por Cafesalud, la cual forma parte del mismo grupo empresarial de la EPS Saludcoop. El Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga), en calidad de préstamo, le entregará unos $200.000 millones a Cafesalud para que asuma este compromiso, que implica que el próximo 1° de diciembre 6,4 millones de personas en total dependerán de ella.

Ese aumento de la red de usuarios de Cafesalud en un 255% no fue un asunto de la noche a la mañana. Como lo explicó El Espectador en su edición del pasado 25 de noviembre, en un artículo titulado “Así será la liquidación de Saludcoop”, la transferencia de usuarios fue una operación milimétricamente planeada. O al menos así fue en el papel: a partir del mes que empieza, la realidad pondrá a prueba esta decisión. De cualquier manera, a todas luces, esta era una liquidación más que anunciada.

Hacia junio de 2014, la posibilidad de liquidar la EPS Saludcoop ya se hacía más que evidente. El tema terminó en un encontronazo entre el entonces superintendente de Salud, Gustavo Morales, y la contralora general, Sandra Morelli. Saludcoop arrojaba sólo pérdidas y, por eso, el supersalud advirtió: “Si en un año no se sanea, tendrán que liquidarla”. “Se da cuenta de lo obvio y de lo que todo el mundo ya sabía. Que Saludcoop pierde recursos a chorros”, respondió la contralora Morelli, quien pedía la liquidación inmediata de la empresa.

Esa discusión de hace 17 meses hoy vuelve a tomar total relevancia. Además de la liquidación que el Gobierno acaba de ordenar, está pendiente que el Consejo de Estado decida si mantiene o no la sanción que la Contraloría le impuso en primera y segunda instancias: devolver $1,4 billones que correspondían a recursos del sistema de salud y fueron desviados. Según el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, esa multa ya la está cancelando Saludcoop de manera indirecta, pagándoles a proveedores y prestadores.

Saludcoop fue intervenida en mayo de 2011: el entonces reputado presidente de Saludcoop, Carlos Palacino, fue retirado de su posición mientras alegaba que Saludcoop sólo tenía problemas de caja, en buena parte, porque el Fosyga tardaba demasiado en pagarles a las EPS el dinero por los servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS). El Estado sostiene exactamente lo contrario: Palacino, junto con otros directivos de la EPS, diseñaron un sistema para solicitar recobros ante el Fosyga por servicios que jamás prestaron.

Según los anuncios de esta semana, la suerte de Saludcoop está echada. Un final previsible para una EPS que fue sancionada por la Superintendencia de Salud, la Procuraduría y la Contraloría. Un descalabro que, con dineros del sistema de salud, alimentó un estilo de vida desaforado que incluía carros de alta gama, vuelos chárter y clubes de lujo en el Meta. Del imperio de Saludcoop sólo quedan cenizas.

Saludcoop en la Procuraduría

El 21 de marzo de 2012, casi un año después de que se destapara este escándalo, la Procuraduría le formuló pliego de cargos al expresidente y representante legal de la mayor EPS del país, Carlos Palacino, como presunto “autor de falta gravísima” por las irregularidades en Saludcoop. Puntualmente, por “utilizar los recursos parafiscales del Sistema General de Seguridad Social en Salud para fines distintos a los permitidos en la Constitución y la ley, en beneficio de Saludcoop, entidad que presidía y de la cual era su representante legal”.

Fueron, según la Procuraduría, $168 mil millones los recursos del sistemas de salud en actividades no relacionadas con la prestación del servicio. El 17 de octubre de ese año, el Ministerio Público sancionó a Palacino y a miembros de la junta directiva de Saludcoop como Alberto Castro Cantillo, José Enrique Corrales Enciso, Jaime Chávez Suárez, Claudia López Ochoa, René Cavanzo Alzugárate, Gabriel Franco Espinosa y Ana María Piñeros Ricardo. Palacino fue sancionado con 18 años de inhabilidad tanto para ejercer cargos públicos, como para contratar con el Estado.

Igualmente fue sancionado con una multa de $51 millones. La Procuraduría sostuvo, puntualmente, que Palacino “dio lugar al recobro de dineros a los que (Saludcoop) no tenía derecho”. Luego vino un segundo fallo, en noviembre de ese mismo año, en el que la Procuraduría sancionó con inhabilidad por 20 años a Palacino por hechos similares aunque no iguales. La Procuraduría lo halló responsable de dos faltas que también son delito: estafa e incremento injustificado de patrimonio.

El primero de los dos fallos, emitido por el entonces procurador delegado Fernando Brito, fue apelado por Palacino y sus defensores. Sin embargo, fue confirmado el 4 de marzo de 2013. En segunda instancia, la Procuraduría reiteró que por parte de Carlos Gustavo Palacino hubo un “total menosprecio para acatar las directrices del Ministerio de Salud, en cuanto al requisito previo del pago para solicitar el recobro al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), pues es evidente que le preocupaba más la liquidez de la EPS que la prestación del servicio de salud a sus afiliados”.

Para el Ministerio Público, Palacino puso “en riesgo el sistema de salud, aprovechándose de los recursos destinados a la prestación del servicio de salud para mantener la liquidez de la EPS”. Y este año, el pasado 24 de marzo, la Procuraduría le formuló pliego de cargos por otros hechos relacionados con Saludcoop. En específico, por no atender las directrices de la Superintendencia de Salud en las que alertó sobre irregularidades en el manejo de los dineros de Saludcoop, la cual presentaba un alto número de anticipos y avances sin legalizar.

Por medio de un comunicado, el Ministerio Público indicó que Palacino, al parecer, ignoró varias directrices de la Superintendencia Nacional de Salud, con lo que se evidenció, según el Ministerio Público, “un posible manejo inadecuado de los recursos públicos que ingresaron al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de dicha EPS, encargada de recaudar las cotizaciones por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga)”.

Saludcoop en la Contraloría

A tres días de emitido el fallo en el que la Procuraduría inhabilitó a Palacino y a otros directivos de Saludcoop por las irregularidades en el interior de esa EPS, la Contraloría, como por no quedarse atrás, hizo lo propio: cerró la investigación preliminar y se dispuso a abrir un proceso formal por el descalabro de la firma. Tras casi dos años exactos, el 13 de noviembre de 2013, la Contraloría emitió su fallo de responsabilidad fiscal en contra de Palacino y otros 14 directivos de la firma, al igual que contra la misma Saludcoop y otras dos empresas.

El fallo fue por $1,42 billones, que fue la cantidad de recursos desviados, según la Contraloría, entre 1998 y 2010. De acuerdo con esa entidad, la cantidad de recursos desviados fue creciendo paulatinamente. En 1998 se desviaron $33.750 millones; en 1999, $39 mil millones; en 2000, $47. 986 millones. En 2001 hubo un crecimiento exponencial: $136 mil millones desviados. Hasta llegar a un pico en 2008, cuando se desviaron $196 mil millones en gastos no relacionados con la prestación del servicio de salud.

Una de las frases del fallo de 378 páginas que mejor resume lo sucedido: “La EPS incumplió la obligación de garantizar las prestaciones de salud incluidas en el POS mediante la práctica sistemática de no pagar oportunamente los servicios de salud facturados por los proveedores ajenos a la red propia con el propósito de financiar los gastos, inversiones y costos financieros que debían ser atendidos con recursos propios”.

Saludcoop en la Fiscalía

En 2011, las investigaciones de autoridades como la Superintendencia de Salud y la Contraloría terminaron impulsando el inicio de procesos penales para intentar esclarecer responsabilidades en el descalabro de Saludcoop. Con una particularidad: el que para esa época era uno de los ternados para la Fiscalía, Eduardo Montealegre Lynett, había sido asesor legal de Saludcoop. “Desde luego que estaré impedido en el caso de Saludcoop, porque fui abogado y además tengo una amistad personal con Carlos Palacino”, dijo recién fue elegido.

Cuando Montealegre llegó a la Fiscalía, en marzo de 2012, el tema Saludcoop estaba crudo en ese organismo. Seis meses después, la Fiscalía de Montealegre creó un grupo especial de investigación para temas de la salud, el cual recibió lo que se llevaba hasta entonces de la EPS que acaba de ser liquidada por el Gobierno. Para el grupo fueron designados tres fiscales, un asistente, un asesor, 15 agentes del CTI y diez investigadores de la Dijín. A los del CTI, por ejemplo, les designaron hacer análisis contables año tras año. Las indagaciones comenzaban en el año 2000.

Hoy en la Fiscalía existen ocho procesos que involucran a Saludcoop, pero, según información reciente certificada por la propia Fiscalía, ninguno está en investigación formal. Un primer expediente se refiere a una denuncia anónima que asegura que Saludcoop fue víctima de un fraude, comprando medicamentos demasiado caros. El segundo deriva de la Contraloría: el organismo detectó “una posible injerencia indebida de varios funcionarios de la EPS Saludcoop en la redacción de un informe de control fiscal”. Los sospechosos fueron llamados a interrogatorio.

El tercero nace de una denuncia hecha por un antiguo interventor de Saludcoop, quien señaló un supuesto desvío de recursos parafiscales de la Corporación IPS Saludcoop. Se han realizado entrevistas. El cuarto surge con el hallazgo de varios cheques guardados en una caja fuerte de la EPS: se trata de los posibles recobros irregulares; se han identificado 3.030 casos; Carlos Palacino y tres funcionarios más de Saludcoop fueron llamados a interrogatorio. El quinto proceso deriva de las denuncias en medios del posible enriquecimiento ilícito de Carlos Palacino.

El sexto caso tiene que ver con la intervención a Saludcoop por haber desviado recursos parafiscales para invertir y adquirir activos que incrementaron el patrimonio de la EPS, pero con dineros del sistema de salud; hay documentación en estudio. El séptimo empieza con una denuncia contra Carlos Gustavo Palacino por la inversión realizada en Ciudadela Salud y en el Hospital Internacional de Alta Tecnología con plata de origen parafiscal. La Fiscalía ya entrevistó a socios e intermediarios de la construcción, quienes confirmaron que Saludcoop participó en el proyecto.

El último es también investigación por desvío de recursos de la salud, pero entre 2000 y 2004. Es decir: con el sistema penal anterior al oral. Carlos Palacino rindió versión libre.

A raíz de la liquidación de SaludCoop el Gobierno Nacional deberá rendir cuentas sobre el manejo que dio a partir de la intervención de la EPS.

La comisión Séptima de Senado llamó a control político al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas; el ministro de Salud, Alejandro Gaviria y director de Planeación Nacional, Simón Gaviria Muñoz.

De acuerdo a la citación, deben explicar lo pertinente con el proyecto de ley sobre cupos de endeudamiento para el sector salud que hace trámite en el Congreso.

Además, deberán rendir cuentas sobre la financiación del sistema general de seguridad social en salud.

Durante las diferentes mesas técnicas desarrolladas por esta comisión en varias ciudades del país, se han visibilizado los grandes problemas que atraviesa la salud debido a las deudas de EPS como Saludcoop y Caprecom que han afectado varias clínicas.

Después de la solicitud del Gobierno Nacional sobre la ampliación en $13.000 millones del endeudamiento externo del país para proyectos de inversión en las áreas de vías, educación y salud, la comisión séptima, encargada de los temas de salud en el país, considera pertinente conocer los planes de las carteras y cómo se ejecutaría dicho cupo. 

El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado anunció la apertura de procesos disciplinarios en contra de funcionarios de las EPS públicas y privadas por la grave situación en el sector de la salud que se está presentando. El jefe del Ministerio Público manifestó calificó como “dramáticos” los hechos que se han registrado en los últimos meses que afectan directamente a la comunidad.

En este sentido manifestó que de encontrarse falencias se emitir sanciones ejemplares en contra de los funcionarios por el incumplimiento de sus obligaciones “a pesar de haber conciliado y contar con recursos”. Debido a esto insistirá en ley de punto final en el sector para evitar el estado de calamidad que se avizora.

Señaló que se le debe dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con fundamento en la Circular 030”, expedida en el año 2013 por el Ministerio de Salud y la superintendencia del ramo a solicitud de la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de establecer un procedimiento de saneamiento y aclaración de cuentas.

Con respecto a la situación del Hospital Universitario del Valle del Cauca, el Procurador General anunció que antes de tres meses habrá decisiones frente a ocho investigaciones que llevan las delegadas de Contratación y de Vigilancia Administrativa por quejas recibidas directamente por el jefe del Ministerio Público durante su visita a Cali en el mes de agosto, y que dan cuenta de situaciones que se vienen presentando en este centro asistencial.

En su intervención también hizo referencia a la situación manifestada por 34 jueces laborales que en reunión sostenida con la delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social pusieron en conocimiento de la Procuraduría, que como resultado de una decisión del Consejo Superior de la Judicatura están recibiendo los procesos relacionados con todas las deudas del Sistema de Salud, especialmente las del Fosyga con la red pública, para que procedan como jueces laborales cuando, según lo manifiestan ellos, no tienen la capacidad técnica ni la experticia para que en un proceso oral, de dos horas, determinen deudas por 100 mil o 200 mil millones de pesos. Al respecto indicó que la Procuraduría dentro de sus competencias preventivas realizará una próxima mesa de trabajo el 9 de diciembre de esta anualidad.

De otra parte, manifestó que desde las delegadas del Trabajo y la Seguridad Social y Asuntos Territoriales, la Entidad ha actuado de manera preventiva promoviendo mesas de trabajo tendientes al logro de acuerdos de pago; ha reiterado a los competentes la obligación de cumplir con lo establecido por la Circular 30 de 2013; ha trabajado con las EPS para encontrar las dificultades en el cumplimiento de sus funciones dentro del sistema, y ha requerido a las diversas instituciones para que realicen los pagos a las IPS y a las EPS.

Insistió en que desde el año 2010 la Procuraduría ha venido promoviendo la ley de punto final en materia de salud para evitar un colapso en el Sistema General de Seguridad Social en Salud puesto que es necesario separar las cuentas de las deudas antiguas, para que no se afecte el flujo corriente que es uno de los cuellos de botella más sensibles en este momento.

Finalmente, y a propósito de la liquidación de Saludcoop y la próxima de Caprecom señaló que las liquidaciones se rigen por las normas del sistema financiero y la graduación de acreencias del Código Civil, lo cual no garantiza un pronto pago, es decir que esta situación se puede incrementar, uno, dos o tres años, lo cual, sería el hueco negro, no del sistema de salud, sino de la institucionalidad, porque la dosis de credibilidad y de confianza resultarían terriblemente afectadas.

Así las cosas, si estas liquidaciones se rigen por las normas antes señaladas “(…) y eso no garantiza un pronto pago a los prestadores, entonces es inevitable diseñar un modelo distinto para garantizar el pronto pago, así sea de forma transitoria”, puntualizó el Jefe del Ministerio Público.