Pero visto en detalle, el punto al que se ha llegado deja claro un hábito del hurto en Colombia.

El cartel de los pañales es la escala uno a uno de hasta dónde llega a la vida doméstica la normalización del desmán, el desjarete ético y los cero principios de quienes sacan ganancias a cada consumidor de lo que gana luchado cada día para volverlo usura.

Se han saqueado pensiones, regalías, contratos, empresas de salud; sobrefacturado medicamentos de primera necesidad y de enfermedades calamitosas; se ha constituido el cartel del agua en Santa Marta, donde bananeros y ganaderos secan el río Manzanares y desvían el suministro de tuberías públicas para sus propiedades; se corta el ciclo natural del agua al desecar humedales con pastizales en Córdoba, Yopal y otras cuencas de este país, despojando el potencial hídrico público para rentabilizarlo en privado.

Se ven robos a la luz pública. Nules y el cartel de contratos en Bogotá; Carlos Palacino y Saludcoop a cinco millones de afiliados; desfalco de Foncolpuertos y Luis Hernando Rodríguez es hoy tranquilo pensionado; Blanca Jazmín Becerra y el robo millonario a la DIAN con devoluciones del IVA; la familia Villegas Moreno de CEO que hoy tiene quebrados a cientos de ahorradores que compraron vivienda a una empresa en el filo de lo ilegal por materiales y cálculos fallidos; poderosos beneficiarios de Agro Ingreso Seguro que nada necesitaban, y su gestor, Andrés Felipe Arias, huye de una condena de 17 años; el Ministerio de Salud da la lista de sobrecostos en Colombia de cientos de medicamentos y los laboratorios farmacéuticos reprenden al descorregido ministro Gaviria por el obediente embajador en Washington, para que se vuelva a pagar lo que digan.

Pero nunca antes se vio tan cerca, con nombre y apellidos, a los empresarios de postín explotando la necesidad de la compra anual de mil millones de pañales por un cartel que fija precios y restringe la distribución del artículo sensible para dos millones de bebés que hoy crecen en Colombia. Porque está a manos de cada uno de los compradores de 770 millones de pesos durante 15 años que desembolsaron del presupuesto familiar hasta 900.000 por año (más de un salario mínimo) para alcanzar esta mercancía, lo que indigna al cobijar toda la escala social.

Y la manera soterrada de hacer el cartel mafioso con acuerdos de subir hasta el 10% del precio, limitar promociones y controlar la distribución. Tecnoquímicas de Cali, Familia de Medellín, Colombiana Kimberly de Tocancipá y Drypers de Cauca. Dos de esas empresas (que están en reserva) que antes ofrecieron invitaciones todo pago a la competencia, sus directivos divinamente cantaron como curtidos delincuentes. Y también el papel higiénico y los cuadernos los revisa esta Superintendencia de Industria y Comercio, en manos de Pablo Felipe Robledo, que con el método de investigación con beneficios por delación ha logrado destaparlos.

Se ve en escala real el hueco de principios al que nos habituamos en la cueva de Alí Babá donde la malversación del dinero público ha pasado también al privado. El hurto se ha hecho habitual y en el hueco ético ya fuimos cayendo todos y, sin que haya sanción social, lo ilegal va haciéndose norma.

De las sospechas y las denuncias sobre presuntas irregularidades en la gestión de la contralora Sandra Morelli, la Fiscalía ya tiene algunas certezas. Por eso anunció que le imputará cargos en los próximos días por las presuntas irregularidades que rodearon el traslado y arriendo de la nueva sede de la Contraloría, así como la venta de los edificios donde funcionaba la entidad. La Auditoría calculó el detrimento patrimonial de esta contratación en $76.000 millones. La Fiscalía está convencida de que se trató de un negocio chueco. Pero, al mismo tiempo, en frentes paralelos adelanta pesquisas sobre otros episodios que tienen a Morelli y a su círculo de colaboradores dando explicaciones.

El Espectador conoció detalles de estas pesquisas, que orbitan alrededor de un polémico rastreo de la Contraloría a los computadores de Saludcoop. En abril de 2011, por orden de la investigadora del caso, Edith Rocío González, se dispuso una inspección a la sede principal de la EPS con el objetivo de realizar copias espejo de los archivos de la entidad. Fue el inicio del accidentado proceso de Saludcoop. Sin embargo, súbitamente pocos días después, sin justificación alguna, González le pidió al Laboratorio de Informática Forense de la Contraloría que revisara en esos archivos si aparecían los nombres de 57 personas o empresas. Hasta ahí nada fuera de lo común.

No obstante, en dicha lista aparecieron los nombres de los entonces ministros Juan Carlos Esguerra, Juan Carlos Echeverry y Mauricio Santamaría, la excongresista Dilian Francisca Toro, el magistrado de la Corte Constitucional Mauricio González, los hijos del excontralor Julio César Turbay, el exministro Diego Palacio, la exprimera dama Lina Moreno, la exfuncionaria del Ministerio de Hacienda Mónica Uribe, el exgerente del Fondo para la Reconstrucción de Armenia, Everardo Mora; una reconocida periodista, varias firmas de consultoría, las contraloras Nancy Vallejo, Margarita Jiménez, María del Pilar Yepes y hasta la vicecontralora Ligia Borrero.

En febrero de 2013, El Espectador dio a conocer este controvertido rastreo, que provocó la molestia de muchos de los nombrados en esa lista que nada tenían que ver con la EPS cuestionada y que derivó en una investigación de la Fiscalía que fue solicitada por la propia contralora. En ese momento, Morelli respaldó las actuaciones de sus funcionarios, no le vio problema alguno a este tipo de búsquedas selectivas en bases de datos, señaló que en Colombia no hay intocables y concluyó que esas labores eran normales y necesarias en un proceso tan complejo como el de Saludcoop. Hoy la Fiscalía cree que estos rastreos fueron ilegales y que hay un computador perdido en el que reposan varias pruebas.

Para los investigadores es completamente irregular que se diera una orden de rastreo como esa sin que se sustentaran las razones por las cuales debían ser investigadas estas personas. Mucho más si se tiene en cuenta que el objeto del proceso de control fiscal se limitaba al manejo inadecuado de recursos parafiscales por parte de Saludcoop. Como si fuera poco, se estableció que ninguno de los rastreados tenía la mínima condición exigida para ser objeto de estas pesquisas: administrar los recursos públicos de Saludcoop. De allí que ese rastreo, lejos de ajustarse a los parámetros de un proceso de control fiscal, habría excedido las competencias de la Contraloría y podría constituir un abuso de la función pública.

No es todo. El 17 de agosto de 2011, nuevamente la investigadora González pidió realizar una búsqueda en la base de datos de los archivos de Saludcoop para verificar si aparecían los nombres de otras 30 personas y empresas. Varios de ellos ya habían sido rastreados en abril de ese año. Además, aparecían los nombres de la EPS Famisanar, la administradora Llano, recobros CTC, Villa Valeria (de propiedad del expresidente de Saludcoop Carlos Palacino), entre otros, incluidos varios funcionarios de la Contraloría. Las pesquisas también habrían sido ordenadas por la funcionaria Mónica Esperanza Cano, quien entonces se desempeñaba como asesora del despacho de Sandra Morelli.

La Fiscalía documentó en los propios computadores de Cano —quien después fue nombrada como directora del Laboratorio de Informática de la Contraloría— que les ordenó a varios peritos del ente de control realizar búsquedas selectivas como las que había dispuesto González. Incluso, en su equipo se halló un correo en el que le pidió a un funcionario: “por instrucciones de la señora contralora remito las siguientes palabras para que por favor se realicen las búsquedas en los discos de Saludcoop”. Y en ese nuevo listado aparecieron los nombres de la excongresista Dilian Francisca Toro, de la vicecontralora Ligia Borrero, de otros contralores delegados, de las firma Golden Group e Interbusiness y de particulares como Elvia Mejía, Carlos Mesa, Margarita Jiménez y Edna Vélez.

Este diario supo que en la Fiscalía hay serios cuestionamientos sobre estas prácticas. Pero además se han encontrado más irregularidades. Por ejemplo, en el proceso Saludcoop hay constancia de que en un disco duro particular se compilaron los resultados de estas búsquedas irregulares. La Fiscalía solicitó ese disco duro, pero no fue entregado por la Contraloría y nadie responde por su paradero. Lo curioso es que se estableció que las últimas funcionarias que tuvieron acceso a ese disco fueron Edith González y Mónica Cano, por lo cual podrían ser procesadas por ocultamiento o destrucción de material probatorio. El Espectador conoció que este disco duro consta de 4.066 archivos en 397 gigas.

Asimismo, el ente investigador está convencido de que existieron irregularidades en la cadena de custodia de los archivos espejo obtenidos en los computadores de Saludcoop. Es más, se investiga la presunta falsificación de 12 actas en las que resultaría implicada Mónica Cano, por lo que se le investiga por falsedad en documento público. En febrero de 2013, cuando este diario denunció el primer polémico rastreo, Mónica Cano le dijo a El Espectador que todo el proceso Saludcoop se hizo guardando los protocolos legales y que como ese expediente era tan grande “queríamos tener la tranquilidad de que las personas que trabajaban con nosotros nada tuvieran que ver con el caso”.

No obstante, hoy la Fiscalía tiene serias dudas sobre las actuaciones de dos de las principales colaboradores de Sandra Morelli en el expediente Saludcoop. Un proceso en el que la Contraloría ya condenó en última instancia al expresidente de la EPS, Carlos Eduardo Palacino, y a otros directivos por $1,4 billones al constatar que con recursos públicos de la salud se pagaron viajes estrambóticos al exterior, suntuosas remodelaciones de casas campestres, compras de hoteles y otro largo etcétera de despilfarros. La Procuraduría hizo lo propio e inhabilitó por 18 años a Palacino. En la Fiscalía, sin embargo, el caso de este saqueo no avanza.

Muchos atribuyen esta morosidad al hecho de que el hoy fiscal Eduardo Montealegre ofició como abogado de Palacino y Saludcoop por varios años. De hecho, en el fallo de la Contraloría se dejó constancia de que recibió en su momento cinco contratos por $3.246 millones, pagos que se habrían hecho con cargo a los recursos del sistema de la salud. Aun más: Sandra Morelli sostuvo que Montealegre recibió dos contratos más por $1.200 millones después de haber tomado posesión como jefe del ente acusador en marzo de 2012. Entonces fue Troya. El fiscal exigió una retractación que no llegó y la contralora arreció sus denuncias y le pidió a la Comisión de Acusación del Congreso que investigara estos hechos.

No hay duda de que la génesis de la batalla campal que hoy libran Morelli y Montealegre tiene nombre y apellido: Carlos Palacino. Sin ese telón de fondo es imposible explicar por qué este enfrentamiento institucional terminó en una guerra declarada con imputaciones de por medio. “Si el fiscal pudiera, me mandaría a matar”, señaló la contralora esta semana cuando trascendió que le imputaría el delito de celebración de contratos sin los requisitos legales. Antes se había despachado asegurando: “La Fiscalía convirtió mi caso en un chisme de peluquería”. Para Morelli sólo hay un escenario posible: quieren encarcelarla a como dé lugar.

Sin embargo, en el ente investigador reposan pruebas de presuntas irregularidades en rastreos del caso Saludcoop, en el negocio del traslado y arriendo de la nueva sede de la Contraloría y en la venta de los edificios donde funcionaba la entidad. La Auditoría también revisó estos contratos y tasó el detrimento patrimonial en $76.000 millones. La respuesta de la contralora fue que la auditora Laura Marulanda la persigue y en tono desafiante le espetó: “(Ella) solo recicla lo que dicen Noticias Uno y (el columnista) Ramiro Bejarano”. En cuanto a Montealegre, Morelli le enrostró un negocio parecido: “El señor fiscal arrendó por acá cerca otro edificio, donde el metro cuadrado es mucho más caro”.

La Fiscalía anunció el viernes que solicitará ante un juez que Morelli no pueda salir del país, para garantizar su comparecencia. La contralora se sacudió recusando al vicefiscal Jorge Perdomo y a sus delegados bajo el argumento de que filtraron a la prensa información reservada. Y en la noche de este viernes viajó a Nueva York para pasar el fin de semana con su hijo. Ella dejó claro que tenía previsto regresar el próximo lunes y a todo el mundo le ha hecho saber que no está dispuesta a quedar como una prófuga más, que se defenderá ante los tribunales porque tiene la certeza de que es una perseguida y de que las pruebas de la Fiscalía no son más que una novela que tiene en la trasescena la venganza de un fiscal que recibió millonarios honorarios pagados con dineros de la salud.

jlaverde@elespectador.com

@jdlaverde9

“Lo que se presentó fue un defecto en el software que administraba la base de datos de los recobros, que aparentemente no permitía identificar si un cheque girado para el pago de un recobro ya había sido entregado al prestador”. Esta es una de las más polémicas frases contenidas en el primer interrogatorio que rindió el controvertido expresidente de Saludcoop Carlos Gustavo Palacino ante la Fiscalía. Esta diligencia se realizó para que explicara su participación en el tema de recobros irregulares que habría tramitado la EPS a través de la firma Esteban Cobo S.A.S.

Palacino también soltó frases en las que dio a entender que las irregularidades nada tuvieron que ver con su despacho, ya que no tenía la “capacidad” ni “injerencia” en el manejo de temas de tesorería. En pocas palabras, le manifestó a la Fiscalía que en temas relacionados con las finanzas de la entidad se entendieran con el exvicepresidente financiero Mauricio Sabogal y con la extesorera Andrea Guarnizo, quienes supuestamente impartían las directrices en el área. Agregó que “jamás se dio una instrucción para que se procediera a girar los cheques con el fin de modificar indicadores de solvencia (...) tampoco me consta que ninguna persona de la entidad haya impartido instrucciones”.

El Espectador conoció en detalle los interrogatorios que rindieron Palacino —el pasado 12 de septiembre— y Sabogal —los días 15 de agosto y 5 de septiembre de este año— en el marco de la investigación penal que se adelanta por el recobro irregular de más de 15.000 facturas entre 2009 y 2010 ante el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga). Según los cálculos, el monto de los recobros era de $33.484 millones, que correspondían a cuentas pendientes por servicios prestados que no estaban incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS). La tesis de la Fiscalía es que la EPS giraba cheques que en los registros aparecían como cancelados a favor de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), pero en realidad terminaban guardados en cajas fuertes porque no podían ser cancelados debido a que sus finanzas estaban en rojo.

El ente investigador dice que estas actuaciones tenían tres propósitos. El primero era hacerles creer a las autoridades que las cuentas de Saludcoop estaban perfectas; el segundo era obtener por parte del Fosyga, al engañarlo, cheques supuestamente cancelados para obtener recobros; y el tercero, generar un incremento patrimonial ilegal a través de estas actividades y que era dividido entre la EPS y la firma Esteban Cobo. A pesar de que este no es el proceso más grande por defraudación a la salud que se adelanta en contra de los exdirectivos, la Fiscalía sostiene que esta situación terminó siendo el reflejo de años de perversas administraciones que llevaron a la entidad, al parecer, a maquillar sus cuentas para que la Superintendencia de Salud creyera que tenían solvencia económica y liquidez.

Todo el escándalo terminó por destaparse el 12 de mayo de 2011, cuando el imperio de Saludcoop se vino a pique tras la intervención de la Supersalud por el supuesto desvío de recursos parafiscales que terminaron enriqueciendo los bolsillos de terceros. Los organismos de control encendieron las alarmas y comenzaron las respectivas investigaciones. Mientras la Procuraduría encontró responsable a once directivos de la EPS —Palacino fue inhabilitado por 18 años y Sabogal absuelto— por el giro masivo de cheques que nunca fueron pagados pero sí presentados como sustento para tramitar los recobros ante el Fosyga, la Contraloría tasó el daño fiscal en $1,4 billones.

Manipulación de contabilidades y compras e inversiones con recursos del sistema de seguridad social que nada tenían que ver con la salud fueron algunas de las irregularidades que pusieron en riesgo la salud de más de cuatro millones de personas que estaban afiliadas a la entidad. Fue entonces cuando arreciaron las críticas contra la Fiscalía por su falta de rigor en las investigaciones o su excesiva lentitud en el caso Saludcoop. En este escenario la excontralora Sandra Morelli acusó sin rodeos a Eduardo Montealegre de favorecer a su excliente Palacino y reveló que el hoy fiscal recibió de la EPS $5.000 millones por concepto de asesorías jurídicas.

Esto desencadenó una pelea de titanes, ya que Montealegre aseguró que jamás recibió dineros de Saludcoop siendo fiscal general y que, además, se había declarado impedido para conocer detalle alguno de las investigaciones que adelantaba la Fiscalía contra la EPS. Al margen de las acusaciones entre bando y bando, hoy la excontralora huye de la justicia por un proceso penal que le abrió la Fiscalía. El caso de Morelli, para varios sectores del país, evidenciaría una especie de revancha del fiscal después de que ella denunciara los vínculos de Saludcoop con Montealegre.

Sin embargo, El Espectador conoció que son alrededor de ocho procesos penales los que tiene la Fiscalía en curso contra Saludcoop y sus exdirectivos. Uno de los frentes investigativos es el tema del posible enriquecimiento ilícito que obtuvo Palacino gracias a los recursos de la salud mientras fue presidente de la EPS. El fiscal del caso está ad portas de llamar a 122 personas —entre particulares, socios y representantes legales de algunas empresas— para que expliquen sus vínculos comerciales con Palacino y su núcleo familiar, ya que existen indicios de que sus hijos no pueden justificar su extenso patrimonio debido a su corta edad. En el radar de estas pesquisas está el excurador de Bogotá Jaime Eduardo Barrero, quien tiene firmas de construcción y además, al parecer, cuando fue funcionario le permitió a Saludcoop construir la polémica clínica ubicada en la autopista Norte.

Otro de los procesos es el del uso irregular de los parafiscales que obtenía Saludcoop. Asimismo, indagan cómo la EPS organizaba su contabilidad para estructurar negocios del conglomerado —algunas de sus sociedades al parecer eran de papel— empresarial o la venta irregular de IPS, como clínicas y centros de salud, que fueron creadas con recursos de la salud y luego vendidas a personas naturales por precios irrisorios. Otra arista en la que actúa el ente investigador es cómo las EPS del Grupo Saludcoop —Cruz Blanca, Cafesalud y Saludcoop— habrían utilizado nombres de personas muertas para inflar sus cifras de usuarios y así recibir más capital por parte del Gobierno.

También rastrea el origen de los dineros que dieron vida a los polémicos proyectos de construcción de la Ciudadela Salud y del Hospital Internacional de Alta Tecnología, que al parecer resultaron ser $10.000 millones que provenían de recursos parafiscales que no se podían utilizar para estos fines. Pero el proceso que con mayor cautela adelanta la Fiscalía es la investigación contra exfuncionarios de la Contraloría que en 2009 habrían recibido dádivas a cambio de elaborar un informe que beneficiara a la EPS y desvirtuara los señalamientos que había hecho la Supersalud sobre el desvío de más de $606.000 millones. En la mira está Eduardo Mora, quien fue el jefe del grupo del organismo de control encargado de realizar el documento. Según los investigadores, Mora terminó trabajando como asesor de Saludcoop a través de interpuestas personas.

La estrategia de la Fiscalía es terminar de armar el rompecabezas y empezar a llamar a los implicados para que respondan por su supuesta participación. Es por esto que en el tema de los recobros, el expediente más avanzado, se logró que por primera vez Palacino, Sabogal y otros altos mandos de Saludcoop empezaran a rendir cuentas. Por lo complejo del tema relacionado con los giros de los cheques cancelados con sellos presuntamente falsos, el expresidente y el exvicepresidente relataron que sus actuaciones se ampararon en las normativas vigentes para acreditar sus actuaciones. Por ejemplo, Mauricio Sabogal precisó que los sobregiros de cheques no fueron una idea suya, que al contrario, era una política vieja de la EPS que buscaba agilizar procesos de pago en tesorería y que no buscaba afectar los estados financieros para generar solvencia.

“La presidencia (de Saludcoop) no estaba en capacidad de actuar directamente en los procesos relacionados con la gestión de recobros”; “no tenía incidencia directa en el manejo de las operaciones de tesorería, normalmente la tenía el vicepresidente financiero, Mauricio Sabogal, y posiblemente, para esa época, la tesorera Andrea Guarnizo”; “el giro de cheques no se hacía con el fin de modificar estados financieros”. Estos fueron algunos de los argumentos de Palacino ante la Fiscalía. En pocas palabras hizo hincapié en que nada tuvo que ver con las decisiones administrativas en el giro de cheques, la cancelación de los mismos y la realización de los recobros. En este último asunto puntualizó en que Esteban Cobo S.A.S. era el encargado de verificar la legalidad de todo el trámite, como lo habían esclarecido en su contrato.

Sabogal, por su parte, agregó en varias oportunidades que no hay razón para que él conozca los pormenores de los informes financieros que se entregaron a la Supersalud, ya que según él, para el 30 de diciembre de 2010 y el primer semestre de 2011 ya no era vicepresidente financiero —estuvo en el cargo desde el 24 de octubre de 2005 hasta el 20 de diciembre de 2010—, sino que estaba encargado de la Vicepresidencia Comercial. Asimismo, indicó: “jamás conocí que se estuviera recobrando de manera irregular al Fosyga servicios médicos No POS”. También aseguró que si en estos momentos existen facturas sin pagar, los responsables son los actuales interventores de Saludcoop, “puesto que se conoce que han recibido el respectivo pago del Fosyga (y) luego de tres años se están negando a pagar las facturas a los proveedores”.

Sin embargo, a pesar de que todos los exfuncionarios de Saludcoop manifestaron que nunca se impartió una directriz de girar cheques para hacer creer que la empresa tenía solvencia, la extesorera durante la época de los hechos, Andrea Guarnizo, indicó que desde octubre de 2009, cuando la empresa tenía problemas de liquidez, Sabogal dio la orden de emitir cheques. La idea era consignarlos a medida que se obtenían los recursos, priorizando el pago de las facturas más vencidas. Pero el testimonio que más pone contra las cuerdas a los exdirectivos es el de Yobanna Chalarca Malagón, quien trabajó en la Tesorería y reveló que en mayo de 2010 la EPS no tenía recursos para pagar las deudas. Añadió que Guarnizo dio la orden de pagar primero a los médicos y empresas pequeñas y que a las IPS les dieran bonos porque no tenían plata.

Tanto Palacino como Sabogal prácticamente se lavaron las manos y aseguraron que todas sus actuaciones estaban ajustadas a la ley, o que, por el contrario, algunas acciones nada tenían que ver con sus obligaciones. Pero el tema que más lo molestó fueron las declaraciones de los funcionarios de la empresa Esteban Cobo, quienes le dijeron a la Fiscalía que fueron engañados por Saludcoop, ya que a la hora de tramitar los recobros, los sistemas les indicaban que las cuentas estaban a paz y salvo como lo indicaba la ley. Tanto así, que el propio Esteban Cobo, quien fue directivo de la EPS entre 1998 y 2002, le dijo a la Fiscalía: “Me enteré, entendí y conocí que fui engañado por Saludcoop al igual que las personas de mi empresa”.

El enojo de Sabogal y Palacino no se hizo esperar. El primero dijo que Cobo conocía a la perfección cómo se realizaban los trámites en la EPS y que por su rol de exvicepresidente financiero fue que se le dio el contrato para efectuar los recobros. Sabogal manifestó que el propio Cobo, en junio de 1999, fue quien emitió la reglamentación para el manejo de los cheques y que también participó de las asambleas generales que se desarrollaron entre 2007 y 2010 para aprobar los estados financieros. Frente al otro socio de la firma, Jairo Durán Buendía, Sabogal indicó que fue gerente regional de Saludcoop en Cundinamarca —la regional más grande del país—, por lo que era imposible engañarlos.

A su voz se unió la de Palacino, quien le solicitó a la Fiscalía pedirles a los funcionarios de Esteban Cobo que precisaran quiénes en Saludcoop los engañaron y por qué nunca denunciaron las irregularidades. Sabogal concluyó: “Ellos tenían el deber de verificar los procesos, la parametrización y programación de los sistemas, procesos y metodologías, como el deber de cumplir con las disposiciones legales (...) No era posible engañarlos, porque en los sistemas de información de la entidad aparecían los estados de facturación, de pagos, de giros, de transferencias, los soportes médicos, es decir, toda la documentación para su gestión.

La Fiscalía analiza correos y distintas pruebas para establecer quién dice la verdad. Mientras se echan el agua sucia entre unos y otros, la verdad para las autoridades es que ante el Fosyga se presentaron cheques con sellos falsos de ‘cancelado’. Aún quedan muchos cabos que resolver por el caso Saludcoop. Tras estos interrogatorios —realizados tres años después del escándalo—, ¿cuánto se podrá demorar el ente investigador en decidir si existe —o no— mérito para imputarles cargos a los exdirectivos?

smartinezh@elespectador.com

@santsmartinez

En agosto, cinco representantes de los principales centros hospitalarios de Medellín viajaron a Bogotá como voceros de 14 clínicas y hospitales de Antioquia para lanzar una alianza (14+1), con la que buscan presionar al Gobierno Nacional y exigirle que tome medidas de choque para sanear parte de la cartera que se les adeuda.

Aunque tuvieron un encuentro con el superintendente de Salud, Gustavo Morales, y el ministro Alejandro Gaviria, a quienes presentaron un panorama crítico de cuentas por pagar que a la fecha suman (según los reportes oficiales de estas instituciones) 1 billón 113.000 millones de pesos, los directivos de clínicas y hospitales —entre los cuales se encuentran las clínicas Las Américas, Las Vegas, Medellín, San Juan de Dios de La Ceja, Soma y Universidad Bolivariana, y los hospitales General, Pablo Tobón Uribe y San Vicente— temen que las acciones para solucionar éste déficit se sigan prolongando. Por eso tomaron la decisión de enviarle una carta al presidente Juan Manuel Santos para detallar la crisis administrativa del sector.

En pocas palabras le dicen al presidente que los estados financieros de estas 14 instituciones (que representan más del 80% de las camas hospitalarias de alta complejidad que operan en la ciudad de Medellín) son críticos, y que “los servicios de urgencias presentan índices de ocupación que rebasan la capacidad instalada”.

“En un corte de cuentas que hicimos a junio 30 de 2014, las entidades responsables de pago nos adeudaban un billón de pesos. Pero el deterioro de la cartera es progresivo. En agosto 31 de 2014 el valor que nos adeudaban era de 1 billón 113.000 millones. Sólo la cartera vencida (con más de 90 días) representa $638.000 millones”, explica la carta.

Para Luis Guillermo Saldarriaga, jefe administrativo del Hospital Pablo Tobón Uribe y uno de los voceros de la alianza, “la situación es tan grave que, de persistir, nos veremos obligados, como última medida, a cerrar servicios de atención como pediatría o maternidad”.

“En Medellín ya hay centros que han cerrado estos servicios, pero ninguno de nosotros quiere que se replique esta situación. Se pierde el conocimiento médico, se deja a la deriva infraestructura de salud compleja, se perjudica a los pacientes. Pero venimos hablando de lo mismo durante años y a cambio hemos tenido una voz concreta que nos diga que van a hacer algún pago importante o que nos van a hacer unos desatrasos. Medidas implementadas por el Gobierno como el giro directo y la compra de cartera han sido útiles, pero insuficientes para regularizar el flujo de recursos. Es inaceptable que tengamos que esperar hasta 211 días para que nos paguen, cuando nosotros tenemos que atender a los pacientes sí o sí de la manera más rápida”, resalta el directivo.

De acuerdo con las cuentas de las 14 clínicas y hospitales, entre los principales deudoras están las EPS Emdisalud ($44.255 millones), Coomeva ($119.615 millones), la Dirección Seccional de Salud de Antioquia ($44.180 millones), Saludcoop ($57.600 millones), Caprecom ($73.000 millones), Nueva EPS ($82.093 millones), Savia Salud ($179.567 millones) y el Fosyga ($50.000 millones).

Mientras la Superintendencia avanza en la conformación de mesas de negociación entre las partes, el ministro Gaviria se reunirá en Medellín, al finalizar el mes, con los miembros de la alianza. Una de las mayores preocupaciones de los hospitales es qué va a ocurrir con las deudas de entidades que fueron intervenidas o están siendo liquidadas por el Estado, como Saludcoop.

Cielo Peláez tiene un hijo de siete años que padece cinco enfermedades mentales desde que nació, las cuales amenazan con arrebatarle la vida. Una falta de oxígeno fue la que originó la epilepsia, la parálisis cerebral y la enfermedad que más miedo ha causado: la hidrocefalia. David no habla, no camina. Como dice su mamá, “se la pasa sentadito y acostadito en la cama”. Su madre y los médicos aún tienen la esperanza de que se recupere. Para lograrlo necesita terapias de lunes a viernes, de 8:00 a 11:00 a.m., algo difícil para quien no tiene dinero.

Su familia confiaba en que la EPS Saludcoop le daría un respiro a la vida del pequeño. “Para nosotros era muy complicado llevarlo en Transmilenio. A veces no teníamos plata para los pasajes. Además, era muy complicado transportarlo. Como no se puede mover, también necesitaba pañales todos los días, y eso es muy caro para nosotros”, dice Cielo.

Para buscar asesoría que le ayudara a solucionar el problema de su hijo, Cielo fue hasta el punto de atención Por el Derecho a la Salud de Tunjuelito, un nuevo espacio que hace parte de un programa gratuito de la Secretaría de Salud, que tiene como objetivo acompañar a las personas de escasos recursos en estas batallas jurídicas contra el incumplimiento de las EPS.

Lo más urgente era que la EPS les entregara pañales desechables, pañitos húmedos, crema de benjuí, colchón antiescaras (costras) y un servicio de transporte para las terapias. Por eso, a finales de junio de este año, Cielo decidió interponer una acción de tutela en la que solicitaba la protección de los derechos fundamentales a la vida, la salud y la integridad física, así como a la protección constitucional especial de la niñez y las personas discapacitadas. El 9 de julio, el juzgado falló a su favor y ordenó a Saludcoop que proporcionara todo lo que David necesitaba.

De inmediato, y con el fallo en mano, Cielo fue hasta la EPS, donde la respuesta fue negativa. “Cuando llegué me dijeron que lo radicara en el buzón de correspondencia y esperara 48 horas para que un médico me diera la aprobación. Decían que sólo los médicos podían autorizarlo. Obviamente reclamé, pero no sirvió de nada y me dijeron: ‘eso es un papel, no tiene ninguna validez’”, cuenta la madre del menor.

Como no sabía qué más hacer, llamó a su abogado, quien le sugirió interponer un recurso de desacato. El pasado 29 de agosto, el Juzgado Cuarto Penal falló a su favor: “No hay excusa alguna para que la EPS no cumpla la sentencia de la tutela, bien por caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad jurídica o fáctica, aspectos que de ninguna manera se están argumentando ni demostrando, lo que indica que Saludcoop EPS debe cumplir cabalmente las obligaciones ordenadas en el fallo 9 de julio del presente año”, decía la sentencia, y agregaba que “Saludcoop demuestra pleno desinterés en el cumplimiento del fallo aquí adoptado”.

El juzgado decidió, entonces, sancionar al representante legal de la EPS, Guillermo Enrique Grosso Sandoval, con 20 días de arresto en La Picota. A Saludcoop le impuso una multa de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes y le ordenó cumplir con los requerimientos de David. Además, remitió copias del proceso a la Fiscalía “para que investigue la posible conducta de fraude a resolución judicial” y le solicitó a la Superintendencia de Salud que “realice investigaciones administrativas y, de ser posible, tomen los correspondientes correctivos contra Saludcoop EPS”.

Para el tribunal es claro que este es un caso de desacato, de acuerdo con lo planteado en el decreto 2591 de 1991. Además, señala que la EPS no ejerció su derecho a la defensa. Pasaron 79 días en los que Saludcoop guardó silencio ante el Juzgado. “No se concibe cuál fue la razón del incumplimiento total del fallo, pues téngase en cuenta que es un niño que le aquejan las patologías de hidrocefalia, parálisis cerebral, epástica, DVP, epilepsia, amaurosis bilateral y retraso global del desarrollo, patologías graves y complejas que lo postran en un alto grado de discapacidad”.

Durante los últimos meses la travesía de Cielo le ha dejado como saldo una hernia. David pesa 28 kilos y, como su esposo trabaja en el día, a ella le toca encargarse del cuidado del niño: lo carga, lo baña, lo lleva a las terapias en Transmilenio desde Perdomo Alto, en Ciudad Bolívar. Sin embargo, a medida que el menor crece, se hace más difícil su atención, especialmente por estos días, ya que hay algo que no le permite hacer cosas con la misma agilidad: Cielo tiene seis meses de embarazo.

Vale recordar que la EPS está intervenida por la Superintendencia de Salud, tras encontrar graves inconsistencias administrativas y financieras. Según las investigaciones, en menos de 15 años, su gerente, Carlos Palacino, logró que la empresa moviera $2,5 billones al año y tuviera más de 4 millones de usuarios. Sin embargo halló que la entidad destinó dinero que debía invertir en salud a otros asuntos alejados de su misión.

Lo paradójico en el caso de Cielo y su hijo David es que, a pesar de que la EPS está intervenida y controlada por una entidad estatal, no atienda a tiempo las decisiones judiciales. Por eso, Saludcoop debe cumplir cuanto antes las solicitudes de Cielo Peláez para la atención médica de su hijo.

svalenzuela@elespectador.com

@santiagov72

Y no hablamos nosotros del deber prestador de salud que tiene a su cargo esta entidad: ya la cosa pasó por instancias judiciales ordenándole la atención del menor. Pero nada.

El caso (y vaya si no son pocos los de este estilo: niños que nacen con complicaciones) se inició en julio de este año, cuando Peláez supo que era resorte de la entidad brindarle a su hijo pañales desechables, pañitos húmedos, crema de benjuí, entre otras cosas, e interpuso una tutela que amparaba varios derechos fundamentales (la vida, la salud, la integridad). Ganó entonces en el papel y en el papel se quedó. Es más, a juicio de lo que le dijo ella a este diario, eso fue lo que exactamente le respondieron en una ventanilla de la entidad: “eso es un papel, no tiene ninguna validez”. El derecho en su expresión práctica más pura.

Harto más tenía por hacer el sistema jurídico, sin embargo: un incidente de desacato que terminó por favorecer, de nuevo, las intenciones de la madre. El Juzgado Cuarto Penal mandó a la cárcel por 20 días al representante legal de la EPS, el señor Guillermo Enrique Grosso Sandoval, y sancionó monetariamente a Saludcoop. Al mismo tiempo, compulsó copias a otras entidades (Fiscalía, Superintendencia de Salud) para que tomaran las medidas necesarias. Había llegado la hora de que este calvario llegara a un final un poco más prometedor.

Porque las demoras cuestan. Mucho más cuando habla uno de discapacidades físicas. Si aún no ha entendido el lector el lenguaje médico que reviste el caso, resultaría bastante fácil describir la situación cruda que vive David a diario: no habla, no camina, no puede valerse por sí mismo. Esto se traduce, por supuesto, en que su madre lo bañe, lo vista y lo cargue en sus brazos desde Perdomo Alto, Ciudad Bolívar, Bogotá, durante todo el viaje en Transmilenio, y hasta las terapias posteriores que recibe con la esperanza de mejorar su salud. A la vuelta lo mismo: una calle empinada que toca caminar cuesta arriba. Mañana y tarde en lo mismo. De lunes a viernes. ¿No merecería, entonces, una ayuda por parte de Saludcoop?

Los 28 kilos que pesa hicieron que Cielo Peláez desarrollara una hernia justo ahora, cuando está embarazada de nuevo. Poco a poco el esfuerzo que debe hacer a diario tendrá que ceder en orden de cuidar su salud propia. Preguntamos, entonces, ¿hasta cuándo la EPS no prestará la ayuda debida a este menor de edad y a su madre? Las demoras cuestan, insistimos.

Lo más paradójico de su caso es que es esta, Saludcoop, una entidad intervenida por el Estado y bajo su mando. ¿Qué es lo que debe pasar para que atienda fallos judiciales de ese mismo Estado? ¿Dónde está la incomunicación? Prontas y efectivas: la salud y la justicia. Por ahora solo palabras.

El caso de Cielo y su hijo puede sonar muy particular como para hablar en general del sistema de salud. El problema es que no es aislado: es fácil predecir que ese fallo de tutela no es el único en su clase. No los mismos hechos precisos, pero sí la misma realidad global: ¿no va siendo hora de que el Estado preste más atención a las personas con discapacidad y a quienes los cuidan en medio de varias complicaciones?

Con el fin de rehabilitar los servicios suspendidos las EPS SaludCoop, Café Salud y Caprecom lograron acuerdos de pago, según informó Caracol Radio.

Así lo confirmó Jairo López, gerente del Hospital San Juan de Dios de Armenia, quien explicó que las deudas de estas EPS superan los 30 mil millones de pesos.

Con este acuerdo parcial de pago se estabilizará la prestación de los servicios que no han sido suspendidos, de acuerdo con López, sino que se encuentran en plan tortuga para que las EPS paguen sus deudas.

“Con las EPS Caprecom y Café salud que nos adeudan casi 30.000 millones de pesos llegamos al acuerdo de que nos harán llegar a nuestras cuentas cerca de 3.800 millones de pesos, no es mucho, pero permitirá hacer la apertura de los servicios, porque la idea es no afectar a la comunidad”, indicó López.

El gerente del centro médico señaló que nunca se ha pretendido afectar la atención a los pacientes, por el contrario lo que se hace es para presionar a las EPS para que cancelen lo que adeudan y así se pueda mejorar los servicios.

Familiares de un menor de 17 años denuncian que el joven murió esperando un traslado de un centro asistencial a otra clínica de alta complejidad en Bogotá.

El hecho se presentó en la Clínica Policarpa, ubicada en el centro de la ciudad, donde Jeferson Moreno perdió la vida al parecer, esperando su traslado a otro centro asistencial.

De acuerdo con sus familiares, el joven desde el domingo se encontraba enfermo, por lo que decidió ir a urgencias en la mañana de este martes; sin embargo, falleció horas después debido a que las directivas del centro asistencial se habrían negado a su traslado.

“Mi hijo empezó con una fiebre y una gripa. Lo trajimos desde las 8 de la mañana y cuando empezó a escupir sangre lo entubaron, pero no hubo traslado”, aseguró a Noticias Caracol la madre del menor, que denunció que pese al estado crítico en el que llegó su hijo, no hubo la atención de los funcionarios por agilizar su traslado.

Testigos del hecho reprocharon lo ocurrido y manifestaron que no es la primera vez que se registran hechos de este tipo en la Clínica Policarpa. En ese sentido, la Superintendencia Nacional de Salud anunció que investigará la presunta negligencia en la que habría incurrido el centro asistencial.

Nelson Alberto Moreno, padre del joven fallecido, criticó además la actitud de la clínica tras la muerte de su hijo: “lo único que nos dijeron fue ‘traigan el carro fúnebre y llévenselo’. No, no aceptamos eso, yo necesito saber qué le pasó a mi hijo, si el procedimiento que ellos hicieron fue correcto”, sostuvo Moreno.

Por su parte, el director de urgencias de la Clínica Policarpa, Miguel Ángel Alarcón, negó la negligencia y leyó un comunicado de Saludcoop en el que se explica lo ocurrido.

“El paciente ingresa con un síndrome de dificultad respiratorio agudo, sin compromiso vital totalmente. Posteriormente, presenta complicación, por lo que se inicia el trámite de reemisión, pero cambia la complejidad del traslado. Iniciamos los trámites de reemisión y en la noche presenta paro cardiorrespiratorio, por lo que fallece”, señaló Alarcón, quien aseguró que desde el centro médico se le practicará al joven una necropsia clínica para establecer las causas precisas del deceso. 

Saludcoop no ha logrado desprenderse de las denuncias por corrupción que la rodearon desde 1998, cuando, según la Contraloría, comenzaron los desvíos públicos. Un episodio que terminó en 2011 con un desfalco por $1,4 billones. Desde mayo de ese año la EPS fue intervenida por el Estado. En este último periodo también se han presentado problemas en la prestación de servicios médicos, a tal punto que los representantes de la EPS han sido arrestados por incumplir con sentencias judiciales (recibió 10.272 tutelas en 2013, según la Defensoría del Pueblo).

Este año no comenzó de la mejor manera para la EPS. El Espectador conoció una denuncia penal contra el interventor de Saludcoop, Guillermo Grosso Sandoval, por posible interés indebido en la celebración de contratos. El documento, radicado el pasado 21 de enero ante la Fiscalía, señala un presunto favorecimiento en la contratación de las instituciones prestadoras de salud Orthohand e Innovar Salud.

William Vizcaíno, líder sindical de SaludCoop, cuestionó en la denuncia que la EPS suscribiera un contrato de servicios asistenciales con Orthohand SAS en noviembre de 2013. Lo que le llamó la atención es que hasta agosto de ese año la empresa estaba constituida en la Cámara de Comercio de Bogotá como un establecimiento dedicado al servicio de parqueadero. En septiembre ya se había constituido como institución prestadora de salud.

El interventor, dice Vizcaíno, "no tuvo en cuenta que el contratista solo fue habilitado para prestar servicios de salud dos meses antes de ser contratado". Además, cuestionó la tarifa que pactó la EPS con la empresa, que generaría “ingresos cercanos a los de $300 millones mensuales para el contratista”. Dentro de las pruebas que adjuntó a la Fiscalía aparecen correos electrónicos de SaludCoop en donde rechazan esta contratación. El 17 de diciembre de 2013, el área de Evaluación y Control de la EPS envió el siguiente correo al interventor: “Cordial saludo, desde Evaluación y Control hemos realizado un análisis de esta situación, y quisiera conocer cuáles fueron los criterios que se valoraron para contratar con esta Ips (clínica Orthohand), toda vez que no es coherente que si el mercado en la regional para contratar los mismos servicio como indica la Gerente de Cundinamarca, tiene una tarifa promedio de ISS2001+ 26%, nosotros estemos contratando Iss 2001+ 50%”.

En el cruce de correos surgen varias discusiones alrededor de la tarifa. Por ejemplo, desde la gerencia regional de Cundinamarca enviaron un correo el 17 de diciembre señalando que la tarifa promedio es inferior que la de otras IPS como Méderi, Clínica de Occidente, entre otros: "consideramos que desde la regional, solo me siento a negociar cuando se baje la tarifa contratada por director general", señala el correo enviado desde la regional. La segunda empresa en cuestión es Innovar Salud, que suscribió un contrato en abril de 2013 con Saludcoop. Este fue prorrogado en junio de ese año. Para Vizcaíno existe una irregularidad, porque el dueño de Innovar Salud SAS, Sergio Mauricio Rodríguez González, se desempeña como gerente de la empresa Espifarma Ltda, también contratada por Saludcoop para el suministro de medicamentos. "El señor Rordríguez González fue nombrado gerente de Epsifarma el 22 de julio de 2013 por decisión del Consejo Administrativo de la cooperativa. En ese consejo participa el doctor Guillermo Enrique Grosso Sandoval, interventor de SaludCoop”.Además de estos contratos, el denunciante asegura que los vínculos entre Rodríguez y Grosso "devienen de años anteriores, dado que la empresa Innovar Salud es prestadora de servicios de salud de la administradora de Riesgos Laborales Positiva, empresa en donde, hasta mayo de 2013, laboraba Grosso Sandoval".

En su defensa el interventor ha señalado que los contratos fueron celebrados antes de su posesión. Sin embargo, Vizcaíno señala que Grosso sí tiene responsabilidad porque se vinculó como vicepresidente de salud de la EPS el 4 de abril de 2013.

- SaludCoop responde

Ante la denuncia del sindicato, SaludCoop señala que, de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal de Innovar Salud, Rodríguez aparece como miembro de la junta directiva de la empresa, no como socio. Sin embargo, en el certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá de diciembre de 2013 sí aparece como socio de Innovar Salud. De otro lado, agrega SaludCoop que los contratos con Innovar fueron suscritos el 24 de abril de 2013 y 24 de junio de 2014, antes de que Rodríguez fuera designado como representante legal de la Cooperativa Epsifarma (22 de julio de 2013): "en términos legales no existía ninguna incompatibilidad, inhabilidad e impedimento para que SaludCoop EPS en intervención hubiese suscrito los citados contratos".

Como Espifarma es una empresa que hace parte de SaludCoop, la oficina jurídica de la EPS señala que "no se consagra inhabilidad alguna en relación con la viabilidad de que el representante legal de Saludccop, como miembro del Consejo de administración de una empresa subordinada participe en la elección del representante legal de dicha empresa, a sabiendas de que éste último es miembro de la junta directiva de uno de sus contratistas". Aunque Guillermo Grosso sí era vicepresidente de SaludCoop, la EPS argumenta que "no es cierto que dentro de sus competencias estuviese la de determinar qué IPS formaba parte de la red de prestación de servicios".

En relación el contrato con la empresa Orthohand, la EPS explica que desde 2011, año en que se constituyó, la empresa ha presentado como objetivo principal: "el desarrollo de todas y cada una de las actividades relacionadas con medicina, cirugía, rehabilitación y comercialización de los elementos necesarios para tal fin". Dado que la empresa está registrada como IPS ante la dirección de desarollo de servicios de Salud de la Alcaldía de Bogotá" en nada afecta que Orthohand tenga matriculado como establecimiento de comercio un parqueadero. Su habilitación le permite ejecutar la prestación de servicios de salud como IPS".

Frente a las tarifas establecidas con la Orthohand, el interventor le dijo a este diario que, en efecto, el contrato se firmó con una tarifa Iss 2001+ 50%: “Fue así cuando comenzó, en noviembre de 2013. Un año más tarde, en noviembre de 2013, se hizo un otrosí al contrato y quedó ISS+25% para Bogotá e ISS2001+15% para Medellín, tarifas incluso menores al promedio.El caso queda en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si existe mérito o no para abrir una investigación penal contra el interventor.

Una nueva polémica surgió alrededor de la excontralora Sandra Morelli Rico y su equipo más cercano que la acompañó mientras estuvo al frente de esa entidad.

Este jueves se conoció que el contralor delegado Nelson Izaciga se convirtió, desde el arribó de Morelli al ente de control, en su mano derecha pues fue quien manejó toda clase de relaciones e investigaciones al interior de la entidad.

Este jueves se conoció el informe del título Fideicomisio de la compañía Investor Service S.A. con base en los estados financieros de Saludcoop, del contrato que se suscribió con Construclínicas. El contralor Izaciga era parte activa de la compañía especializada en construcción de clínicas para la salud con razón social Construclínicas ante la Cámara de Comercio. (Cámara de Comercio de Construclínicas - páginas 12, 13, 14) 

Izaciga era miembro de ‘primer renglón’ de la Junta Directiva de la empresa para construir clínicas y prestar todo tipo de servicios relacionados con la salud. Uno de sus principales clientes, al parecer, era la EPS Saludcoop, la misma que luego intervino. Por eso ahora la pregunta que surge es si Izaciga en las mañanas era de la constructora de la EPS y en las tardes pasaba a investigar a la misma entidad. (Vea el polémico contrato de Construclínicas con Saludcoop)

Frente al tema, el exsuperintendente de Salud, Gustavo Morales, fue más allá y aseguró que la excontralora Morelli "tendría un negocio particular desde su despacho para liquidar a Saludcoop".

"Varios observadores, y me incluyo, llegamos a la conclusión de que Morelli no estaba interesada en recuperar dineros públicos, sino en liquidar a Saludcoop por intereses particulares", sostuvo en septiembre de 2014.

Ante la Fiscalía, un grupo de constructores pidieron investigar las relaciones que mantuvo el contralor delegado con Construclínicas y la prestadora Saludcoop pues presuntamente Izaciga habría logrado pactar un amplio y oneroso contrato de construcción de cuatro clínicas para la entidad pero si ésta entraba en quiebra la garantía y la ganancia para la constructora era por partida doble pues Saludcoop  se vería obligada a devolver los bienes y reembolsar a la constructora los abonos por arriendos generados en más de 2 años .

Con esta clase de contratos, al parecer, la constructora del contralor delegado ganaría por partida doble siempre y cuando Saludcoop se viera afectada y llevada a la quiebra, como terminó pasando.

Ahora surgen dudas sobre la actuación de Izaciga desde la Contraloría toda vez podría ser un juez que desde la Contraloría se vería beneficiado directamente a través de la compañía conductora tras la intervención de la EPS. 

La 'vieja' relación del contralor delegado con la EPS

A mediados de 2012, el portal kienyke reveló que el Izaciga era miembro de ‘primer renglón’ de la Junta Directiva de Construclínicas, de propiedad mayoritaria -68.83%- de Mario Hernando Páez Lancheros – el restante 32% de su familia.

De acuerdo a la publicación, la empresa recibía de Saludcoop $1.077 millones mensuales. Nelson Izaciga aceptó el cargo el 31 de marzo de 2009.

De acuerdo al informe, Carlos Palacino, otrora propietario de la EPS, le compró a Construclínicas las clínicas materno infantil de Bogotá, Clínica Tunja, Clínica Neiva con sus equipos, por valor superior a los $84 mil millones, recibiendo como parte de pago las inversiones de Saludcoop en el Ecuador, por valor superior a los $9.400 millones.

Nelson Izáciga León, mano derecha de la excontralora Sandra Morelli Rico, aseguró que desde su despacho en la Contraloría General de la República no tuvo actuaciones indebidas respecto a SaludCoop amparadas en su relación con la compañía Construclínicas.

Este jueves este medio reveló un informe de la compañía BRC Investor Service S.A. con base en los estados financieros de Saludcoop, del contrato que esta entidad suscribió con Construclínicas. En el documento y la Cámara de Comercio de la compañía se señala que el contralor Izáciga era parte activa de la compañía especializada en construcción de clínicas para la salud con razón social Construclínicas ante la Cámara de Comercio. (Lea: ¿Sandra Morelli mantenía intereses en Saludcoop)

Izáciga hizo llegar a esta redacción un acta del 15 de diciembre del año donde se declarara impedido para conocer temas relacionados con SaludCoop.

En el escrito, el entonces contralor delegado solicitó a la secretaría privada del ente de control que se le apruebe el impedimento de tratar temas de la salud porque “actué como apoderado en contra de SaludCoop, Cruz Blanca y Cafesalud EMP”. La secretaría aceptó su impedimento el 30 de diciembre por parte del Contralor (e), Álvaro Miguel Navas.

Aunque efectivamente le fue aceptado el impedimento, en éste no se hacía explicita su relación con Construclínicas.

A su turno, la excontralora Sandra Morelli desde Roma (Italia) también envió una comunicación a la dirección de El Espectador, en donde aclara que Izáciga como contralor delegado en infraestructura “nunca se ocupó de los temas de salud y tanto menos de SaludCoop, caso para el cual adicionalmente se declaró impedido desde su llegada a la Contraloría atendiendo solicitud genérica que yo hiciere a todos los funcionarios”.

Según ella, frente a su actuación en la empresa Construclínicas, Izáciga participó como miembro de junta directiva “hasta varios meses antes de su ingreso a la Contraloría”.

La excontralora precisó además que en el fallo de condena a Saludcoop a pagar $1.4 billones se ordena investigar a Construclínicas.

“Mis actuaciones, lejos de favorecer a Construclínicas, la afectaron y lejos de permitírsele quedar con las clínicas se advirtió que se debía honrar el leasing para evitar la reversión y perder lo ya pagado”, aseguró.

Y agregó: “Los invito a examinar mis actuaciones con un mínimo de detenimiento para establecer si vale la pena formularse esos interrogantes, que no solo me ponen a probar, con los métodos de la Inquisición, mi inocencia, sino que además se desvirtúan examinando mis decisiones como contralora, sin inferencias, ni deducciones inteligentes, sencillamente leyendo la documentación”.

El siguiente es el texto de la carta

Roma, 30 enero2011

DoctorFidel CanoDirectorEl Espectador

Muy amable Director, le agradezco su pronta respuesta a mis interrogantes. Estos, como usted ya sabe, tiene que ver con una noticia publicada el día de ayer bajo el titular Sandra Morelli mantenía intereses en SaludCoop encerrado entre signos de interrogación.

El texto refiere a un descubrimiento hecho el jueves por ese Diario, consistente en que el delegado de infraestructura era mi mano derecha en la Contraloría. La expresión utilizada por el redactor no pasaría de ser una frase vacía si no es porque a ese delegado le achaca la misma nota, de manera imprecisa y malintencionada, haber manejado todo tipo de relaciones e investigaciones. En la Contraloría durante mi permanencia allí, solo mantuvimos relaciones profesionales con los vigilados, el congreso y las cortes. El tipo de relaciones están predefinidos en la ley. Y no son de todo tipo.

En cuanto a investigaciones, siendo el doctor Izáciga el delegado de infraestructura, dentro de sus competencias le correspondió la actuación en el caso del tercer canal y el no pago por los otros dos operadores de sendos porcentajes por el uso total del espectro teniendo en cuenta que el tercer canal nunca operó. También se ocupó de Rumichaca, túnel de la Línea, Bogotá - Girardot, la reversión de la infraestructura de telecomunicaciones, temas portuarios y aeroportuarios, incluyendo la Conciliación de Conigrabas, caso denunciado por el Ministro Cardona y por el que hoy arriesga el delegado, que la Fiscalía solicite su privación de la libertad por supuesta extralimitación de funciones, cuando se limitó a solicitarle al responsable del gobierno hacer una revisión de la idoneidad del título gracias a lo cual, hasta hoy se han preservado decenas de millares de pesos del Estado, que de otra manera, habría que erogar, por una carretera nunca hecha. Esa defraudación fue informada por El Espectador.

Ese delegado entonces, como usted puede ver, nunca se ocupó de los temas de salud y tanto menos de Saludcoop, caso para el cual adicionalmente se declaró impedido desde su llegada a la Contraloría atendiendo solicitud genérica que yo hiciere a todos los funcionarios.

En cuanto a ser titular de acciones de la empresa Construclínicas, participó en esa empresa como miembro de junta como consta en los documentos que Ud. ya tiene en su poder, hasta varios meses antes de su ingreso a la Contraloría, no como accionista.

Así las cosas, y teniendo en cuenta las competencias de la contraloría como referidas al control fiscal, se equivoca quien escribió que el delegado de Infraestructura intervino Saludcoop. Por esta vía me permito informarle y para evitar que el redactor se vuelva a confundir, que la intervención de una entidad es deber a cargo de la superintendencia del ramo. Espero quede claro que el señor Izáciga se ocupaba en la mañana, en la tarde y el noche de los asuntos de su delegada.

Luego el redactor de la nota, salta a la contralora, si tratar siquiera de establecer una continuidad en el razonamiento, para citar lo dicho por el exsuperintedente Morales al que se le abrió cuantiosa investigación fiscal por consentir que el interventor de Salucoop, delegado del superintendente siguiera pagando créditos e inversiones ajenos a la salud y progresivamente privatizados, con los recursos de la UPC, es decir los que gira el Fosyga para la atención de los pacientes. Ayer su Diario denunció manejos sospechosos por parte de ese interventor en el seno de Saludcoop.

Y en cuanto lo afirmado por el susodicho, LA LIQUIDACIÓN ES UNA DECLARACIÓN OBLIGATORIA CUANDO SE DAN DETERMINADOS PRESUPUESTOS DE LEY, QUE CONSTITUYEN LAS CAUSALES.Las normas que la contemplan son de orden público porque precisamente protegen el interés general de preservación del orden público económico. No es discrecional optar o no por la liquidación. No hacerlos es además violar la ley.

En el fallo de condena a Saludcoop a pagar 1.4 billones de pesos con mi firma se ordena investigar a Construclínicas ¿Sería para favorecerla?

Y en misiva que le adjunto en el siguiente mail, se le informa al jefe del Estado,en detalle, de la situación financiera y operacional de Saludcoop y se sugiere como una alternativa posible de cara a no suspender el servicio de Salud ni perder los recursos públicos ya invertidos en infraestructura sanitaria, continuar con su pago en el entendido que el titular es el Fosyga y no Saludcoop pues la fuente de pago estaría constituida por recursos públicos.

Hay entonces pruebas de que mis actuaciones, lejos de favorecer a Construclínicas, la afectaron y lejos de permitírsele quedar con las clínicas se advirtió que se debía honrar el leasing para evitar la reversión y perder lo ya pagado.

Solo un exfuncionario falto del sentido de responsabilidad y de entendimiento de la gravedad de la situación, puede intentar suplir su falta de idoneidad con twiters cuyo contenido es delictivo. Ya el Senador Robledo le había exigido a ese Superintendente exhibir las pruebas en mi contra, y por lo que ahora deduzco, este montaje, como los demás, es fácilmente desvirtuable por contraevidente.

Por sus hechos los conoceréis. Así que los invito a examinar mis actuaciones con un mínimo de detenimiento para establecer si vale la pena formularse esos interrogantes, que no solo me ponen a probar, con los métodos de la Inquisición, mi inocencia, sino que además se desvirtúan examinando mis decisiones como contralora, sin inferencias, ni deducciones inteligentes, sencillamente leyendo la documentación.

Atentamente,Sandra Morelli 

Por presuntamente desatender directrices de la Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría General le compulsó pliego de cargos al expresidente ejecutivo y exrepresentante legal de Saludcoop EPS, Carlos Gustavo Palacino Antía.  

Según la investigación del Ministerio Público, en diciembre de 2010 la EPS presentaba un alto número de anticipos y avances que no se habían legalizado dentro de los tres meses contados a partir de la fecha de su otorgamiento.

En este sentid se señala que en ese periodo de tiempo incluso se le giraron anticipos a personas que no habían legalizado el anterior anticipo, y se les dio vía libre para actividades relacionadas con directamente con la prestación del servicio de salud.

Para el organismo de control disciplinario, con esto comportamiento se presentó una irregularidad en el manejo inadecuado de los recursos públicos que ingresaron al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de dicha EPS, encargada de recaudar las cotizaciones por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga).

La Procuraduría General considera que Palacino “debió coordinar y contralar la oportuna ejecución de las operaciones de la EPS y su contabilización, con el fin de hacerle seguimientos a esas actividades que le permitieran tomar medidas respectivas para subsanar cualquier falencia, cosa que aparentemente no hizo a pesar de que el revisor fiscal había puesto en conocimiento otras irregularidades relacionadas con las cuentas por cobrar al Fosyga”.

El órgano de control disciplinario le imputó al expresidente de SaludCoop una falta gravísima a título de culpa grave. La Procuraduría General ya emitió dos sanciones disciplinarias contra Palatino consistentes en 20 y 18 años para ejercer cargos públicos.  

La Personería de Bogotá denunció que a pesar de que la justicia impuso multa económica, dio orden de arresto y falló en favor de Viviana Calderón Pava, madre de la paciente Mariana Vanegas Calderón, de 4 años de edad, Saludcoop le sigue incumpliendo en el suministro de los medicamentos que necesita y que superan los 2 millones de pesos mensuales.

A Saludcoop le han sido interpuestas dos tutelas y varios desacatos, y por más de que los fallos han sido en favor de la atención integral para la hija de la señora Viviana, desde el 6 de marzo no le entregan los medicamentos y se puede perder un tratamiento de 2 años.

“La justicia ha hecho todo lo que puede, de hecho el juzgado 55 sancionó con arresto y multa económica, pero la EPS sigue haciendo caso omiso”, aseguró la madre de Mariana, que afirma que ya no sabe a quién acudir para que la ayuden con el tratamiento de su hija.

Los males que la menor padece son reflujo gastroesofágico, esofagitis crónica, enfermedad eosinofilica del duodeno, asma, nevo epidérmico lineal, hipermovilidad, deficiencia de vitamina D y otras vitaminas, entre otras patologías.

Por esto el costo de sus medicamentos supera los 2 millones de pesos mensuales, puesto que son varios los que necesita de manera urgente: Nutramigen Premiun, Montelukast, Esomeprazol, Sun Glass kids, Alergibon Clear. Cuando la niña deja de recibirlos sufre de dolores muy fuertes.

Calderón afirma que Tatiana Giraldo, de Saludcoop, solo le dice que siga esperando que están haciendo todo lo posible; sin embargo, pese a la orden de arresto no le dan solución.

La mamá de Mariana dejó de ir a uno de los juzgados que llevaba su proceso judicial porque, según ella, una funcionaria la amenazó con arrestarla junto a su esposo y quitarles a su hija por irrespeto a la autoridad. La medida se habría tomado como represalia de una denuncia ante la Fiscalía General, por prevaricato y suplantación de identidad, ya que, según Calderón, la funcionaria del juzgado estaba reclamando los medicamentos en nombre de ellos, falsificando sus firmas y exponiendo los medicamentos por no tenerlos en las condiciones técnicas para su óptima conservación.

La Personería ya hizo la denuncia del caso ante la Superintendencia de Salud y la Procuraduría General de la Nación, y además está haciendo seguimiento en los despachos judiciales con el fin de verificar qué fue lo que realmente sucedió con la orden de arresto. 

Un equipo interinstitucional creado por el Presidente intervendrá por ocho meses más la EPS Saludcoop, para intentar solucionar algunas de sus problemas, entre los que se encuentran deudas por cerca de 600 mil millones de pesos.

Durante los próximos ocho meses el Gobierno pretende mejorar las condiciones de los usuarios de la entidad, que de llegarse a liquidar, no podrían ser trasladados a otra EPS, debido a que ninguna cuenta con las condiciones de recibir a más de cuatro millones de afiliados.

La decisión fue tomada por el superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, quien declaró que en este tiempo se busca garantizar la prestación del servicio, así como la necesidad de reconocer las deudas de los proveedores y el derecho al trabajo de sus empleados.

El funcionario aclaró en diálogo con Blu Radio que la entidad no será devuelta a sus anteriores dueños, por lo que el Gobierno busca dar continuidad a la prestación de los servicios y dar prioridad al pago de los pasivos que “se le deben a la red prestadora de servicios”.

La intervención es realizada por un delegado de la Superintendencia de Salud, el ministro de Presidencia, Néstor Humberto Martínez y el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quienes no descartan una nueva prórroga durante el mes de enero. 

Ante una solicitud de la Personería de Bogotá, el Juzgado 55 Civil Municipal de Bogotá ordenó al director de la Policía Nacional realizar el arresto por tres días del representante legal de EPS Saludcoop, Guillermo Enrique Grosso Sandoval, por desacato a una tutela que decretó tratamiento integral a la niña Mariana Vanegas Calderón de 4 años, quien tiene graves padecimientos que requieren una atención urgente y permanente.

Además, el juez impuso a la EPS una multa de cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes por desacato a una orden judicial.

La niña padece de reflujo gastroesofágico, esofagitis crónica, enfermedad eosinofílica del duodeno, asma, nevo epidérmico lineal, hipermovilidad, deficiencia de vitamina D y otras vitaminas, entre otras patologías.

Además, el Juez negó una solicitud de Saludcoop que pretendía evitar la sanción por desacato ante las pruebas de la falta de atención oportuna e integral a la niña y ordena dar todo el tratamiento prescrito por los especialistas.

El próximo 18 de junio será un día clave para el director de Comfenalco Valle, Felice Grimoldi Rebolledo. Para esa fecha quedó fijada la audiencia que estaba programada para esta semana y en la que la Procuraduría dará su veredicto sobre el proceso que adelanta contra Grimoldi por varias irregularidades respecto al manejo de la mayor caja de compensación familiar del departamento. Un caso que se asemeja a algunos tristemente recordados como el de Saludcoop e Interbolsa.

Irregularidades en la contabilidad de la firma, el presunto uso de subsidios liquidados y no cobrados en créditos para afiliados, y empresas que no tenían derecho a ellos, haber autorizado un pago por $10 millones para un directivo de Comfenalco para que este viajara a Europa a un congreso que poco o nada tenía que ver con sus funciones y haber autorizado el pago de bonificaciones extralegales a funcionarios por un monto de $7.154 millones. Todos estos hechos tienen a Grimoldi en la mira del Ministerio Público.

La investigación de la Procuraduría tuvo lugar, según esa misma entidad, “tras la denuncia efectuada por algunos medios de comunicación en la cual se informaron supuestas irregularidades en el manejo de los recursos parafiscales por parte de la caja de compensación familiar Comfenalco Valle y luego de conocer los reparos, en ese mismo sentido, por parte de la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Subsidio Familiar”.

El Espectador tuvo acceso a esos dos informes, en los que se da cuenta de las preocupaciones de estas dos entidades, respecto al manejo de Comfenalco Valle. El primero, el de la Superintendencia de Subsidio Familiar, es del 11 de diciembre de 2014. En este se hacen varias observaciones, entre ellas, que la caja “presenta una diferencia de $5.270 millones respecto de los recursos por concepto de ajustes por pagar, o excedentes del 55% de la vigencia 2013, por lo tanto la caja debe justificar dicha diferencia o la utilización de los recursos, en virtud de una posible violación de la normatividad”.

Esto porque, al parecer, estos dineros fueron destinados “para el apalancamiento de las necesidades financieras de la caja, beneficiando incluso a empresas, las cuales no son objeto de beneficio con los recursos parafiscales”. En el documento de 56 páginas, la Superintendencia le reprocha a Comfenalco, además, el deterioro del Club La Ribera, adquirido, según la misma caja, para atender a los afiliados de Tuluá (Valle).

Pero, de acuerdo con la Superintendencia, “el Club La Ribera se encuentra inactivo y en un avanzado estado de deterioro. Este sólo ha sido objeto de mantenimiento en sus áreas verdes y vigilancia, generando unos costos y gastos de operación de $146 millones, entre enero y agosto de 2014 (...) La inactividad del Club y la erogación que representan los costos y gastos de funcionamiento, así como los gastos transferidos, generan un incumplimiento esencial de la función social del subsidio familiar”.

Se cuestiona además que, según la Superintendencia, Comfenalco Valle viene “subsidiando en su servicio de recreación a población que no tiene derecho a ello” y se ponen en entredicho algunos convenios suyos con Éxito y la Universidad Libre. Así mismo, la Superintendencia se pregunta por las razones que llevaron a los directivos de esta caja de compensación familiar a pagarle $10 millones de comisión a un consejero, Alberto Guzmán Gómez, para asistir a un evento sindical, en Ginebra (Suiza), cuando este poco o nada tenía que ver con sus funciones.

Y estos no son los únicos privilegios puestos en duda. La Superintendencia señala que la caja “deberá explicar por qué se otorgan bonificaciones a los funcionarios en el primer semestre de 2014, por valor de $1.257 millones, teniendo en cuenta que la corporación en su estado de resultados al mes de junio de 2014 reporta unos excedentes de $574 millones”. La conclusión de la Superintendencia es clara: “La corporación asigna bonificaciones por mera liberalidad a sus funcionarios (...) que no tienen en cuenta las cifras correspondientes a los programas de salud a cargo de Comfenalco Valle”.

De hecho, a mediados de este año, Comfenalco Valle tuvo que salir a pedirle a la Superintendencia de Salud su retiro de la lista de Entidades Promotoras de Salud del régimen contributivo en el departamento del Cauca y 37 municipios del Valle del Cauca. Un tremendo revés para la empresa que afectó, por contera, a por lo menos 79 mil afiliados a esta caja de compensación familiar. También de mediados de este año es el informe de la Contraloría en el que, sumado a lo hallado por la Superintendencia, se denuncian posibles irregularidades en la contabilidad de la empresa. Entre ellas, la ausencia de un Manual de Contratación debidamente aprobado e implementado. “Se detectó que en los contratos verbales o escritos, hay inobservancia y debilidades en los procesos contractuales en su etapa precontractual, contractual, en las garantías contractuales y de supervisión”. Todos estos hallazgos ya fueron conocidos por la Procuraduría y, se espera, sean tenidos en cuenta a la hora de tomar una decisión.

Grimoldi ha dicho que no se va a pronunciar sino hasta el fin del proceso, aunque en entrevista con El País de Cali, en octubre del año pasado, dijo que las denuncias contra Comfenalco Valle son parte de una suerte de venganza del exauditor de esa caja, Juvenal Andrade Mayor, y que todas las bonificaciones se hicieron conforme a la ley y con el aval del consejo directivo. Falta ver qué define la Procuraduría sobre una entidad que agrupa a más de 200 mil afiliados y mueve miles de millones al año.